La reciente sesión del Congreso del Estado de Veracruz ha sido fundamental en el avance de la legislación en materia de género, destacándose dos iniciativas: la protección de las mujeres contra los ataques con ácido y la prevención de la violencia en los espacios públicos.
Los ataques con ácido, una de las formas más crueles de violencia de género, causan daños irreparables tanto físicos como psicológicos. Era urgente legislar al respecto, asegurando justicia y protección para cada mujer en México, cumpliendo así con compromisos internacionales como la Convención de Belém do Pará. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe tipificar específicamente estos ataques, sancionándolos con la severidad que merecen: 8 a 12 años de prisión.
Como presidenta de la Comisión de Igualdad, mi compromiso con la erradicación de la violencia de género es inquebrantable. Aunque hemos avanzado, aún enfrentamos retos persistentes. Buscamos una tasa cero en la incidencia de estos delitos y promover una cultura de paz con respeto irrestricto a los derechos humanos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y ONU Mujeres han recomendado que México garantice la investigación eficaz de todos los casos de violencia contra las mujeres. Nuestra iniciativa propone reformar el Código Penal de Veracruz para incluir un nuevo tipo penal que proteja la vida y la dignidad de las mujeres ante estos ataques, proporcionando a las autoridades los elementos necesarios para prevenir, investigar, juzgar y sancionar estos delitos de manera efectiva.
Por otro lado, la violencia en los espacios públicos sigue siendo un problema grave. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 91.8% de las mujeres ha sufrido hostigamiento sexual y el 82.5% han sido víctimas de violación, principalmente en la calle y en el transporte público. Debemos actuar con contundencia para proteger a las mujeres del acoso sexual en lugares públicos y promover cambios culturales que eliminen estas agresiones.
ONU Mujeres ha implementado el Programa de Ciudades Seguras para prevenir y disminuir la violencia sexual en espacios públicos, subrayando la necesidad de soluciones integrales como mejor iluminación, infraestructura y vigilancia. La seguridad en los espacios públicos es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para que las mujeres puedan vivir plenamente.
Es importante recordar que el principal inhibidor para el desarrollo de las mujeres es la violencia, un fenómeno arraigado y normalizado en la sociedad. Debemos trabajar para cambiar esa cultura.
En la última sesión, se demostró que sí podemos avanzar. Nos quedan aproximadamente tres meses para dar cauce a más demandas sociales, como la iniciativa 3 de 3 contra la violencia y el Registro de Obligaciones Alimentarias, que son ya imperiosos y no deben retrasarse más.
Aunque hemos logrado avances en la legislación de género, debemos seguir trabajando con determinación y compromiso para erradicar la violencia de género en todas sus formas y asegurar que cada mujer pueda vivir libre de miedo y con plena dignidad. Este es el momento de demostrar nuestro compromiso con ellas.
