La tan prometida reducción del déficit fiscal en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 está cada vez más lejos de materializarse, dicen en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que una de las razones de esta indeseable situación es ni más ni menos que la corrupción, además de la incertidumbre política y del desastre que hoy en día significan las finanzas de Petróleos Mexicanos. Así lo hizo saber hace unos días la titular de la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales de la SHCP, María del Carmen Bonilla Rodríguez; esto en diversos documentos que entregó a la SEC ―la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos― como parte del registro de una nueva emisión de deuda del orden de los 18 mil millones de dólares.

Para justificar la futura emisión multimillonaria de bonos, que se proyecta según los especialistas para el primer semestre del siguiente año, Bonilla Rodríguez trataba de explicar a las autoridades norteamericanas del mercado de valores que la economía mexicana se encuentra vulnerable, a la “incertidumbre política federal y estatal, al nivel de corrupción y al desempeño de Pemex”.

Al mismo tiempo, como si quisiera transmitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá más herramientas recaudatorias, argumenta que en el país se ha modificado recientemente la Ley de Amparo, para limitar los alcances de ese recurso jurídico, y que se aprobó en el Congreso de la Unión la Reforma Judicial, en la que se establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

La apuesta es que se autorice, como muy probablemente sucederá, un endeudamiento adicional de nuestro país por un monto superior a los 350 mil millones de pesos, lo que representa más o menos punto y medio porcentual del PIB. Si bien los objetivos que se ponen en papel son un posible refinanciamiento o recompra de bonos, la realidad es que las promesas de campaña hacen pensar que estos recursos se irán directo al gasto.

El PEF 2024 consideró un nivel de endeudamiento de 5.4 por ciento con respecto al PIB, el más alto del sexenio pasado, y aunque la dependencia que dirige Rogelio Ramírez de la O se la pasó asegurando a los mercados externos que ese déficit fiscal podría reducirse al 3 por ciento en el siguiente año, las proyecciones apuntan a que éste se mantendrá por arriba del 4 por ciento, pues no existe margen para hacer un recorte nivel macro.

La cifra mágica del recorte, que aseguran los economistas debe realizarse para regresar a los límites de la prudencia, es de entre 700 mil y 900 mil millones de pesos, prácticamente el monto que el gobierno de la 4T destina en un año a los programas sociales. Es claro que, incluidos ya estos programas en la Constitución, de ninguna manera se pueden recortar; por lo que es momento de encontrar otro rubro para meter la tijera, o se seguirá caminando hacia una grave crisis de finanzas, según Hacienda, también impulsada por esa corrupción que prometió erradicar Andrés Manuel López Obrador.