En las últimas semanas, el debate sobre la reforma constitucional ha sacado a la luz un problema serio en México: algunas autoridades están intentando cambiar las reglas del juego sin seguir los procedimientos establecidos. Esto no es solo un asunto legal; afecta directamente nuestra democracia y el equilibrio de poder que sostiene al país.
Como señala el magistrado Manuel de Alba, solo el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México tienen la facultad de modificar la Constitución. Cualquier otra autoridad que se atribuya ese poder está actuando fuera de la ley y, peor aún, está yendo en contra de la voluntad del pueblo mexicano. La Constitución no puede cambiarse de la noche a la mañana ni por capricho de unos cuantos. Para eso, hay un proceso claro y riguroso que garantiza que cualquier cambio sea consensuado y represente a todos.
El hecho de que algunas autoridades estén tratando de saltarse estos pasos muestra una preocupante falta de respeto a nuestras instituciones. No podemos permitir que cualquier órgano, como la Comisión Permanente del Congreso, se arroje funciones que no le corresponden, porque eso abriría la puerta a abusos de poder. Las reformas constitucionales no deben ser "trámites preferenciales" ni decisiones apresuradas; requieren un proceso cuidadoso que refleje la voluntad real del pueblo mexicano.
Ayer, durante la sesión permanente del Congreso del Estado de Veracruz, hice un exhorto a la Presidencia y a la Junta de Coordinación Política para que abran el diálogo a la sociedad civil y a la comunidad universitaria sobre la reforma al Poder Judicial. En este proceso legislativo, un diálogo abierto y transparente es necesario para garantizar que las reformas realmente respondan a las necesidades y demandas de la sociedad. Esta demanda surge de las manifestaciones realizadas en Xalapa en los últimos días, donde quedó claro que los ciudadanos exigen ser escuchados.
La Constitución es la base de nuestro sistema político y social. Modificarla sin seguir las reglas es un acto ilegal y una traición a los principios democráticos de nuestro país. Por eso, es esencial que todas las autoridades y legisladores recuerden que su responsabilidad principal es con la ley y con los ciudadanos. No hay reforma que justifique romper las reglas. Para que cualquier cambio en la Constitución sea legítimo y democrático, el Poder Reformador debe ser convocado y constituido de acuerdo con lo que establece nuestra Carta Magna.
Defender la Constitución es defender nuestra democracia. Permitir que cualquier autoridad se atribuya competencias que no tiene es un lujo que México no puede darse. Respetar los procedimientos es clave para la estabilidad, la justicia y la paz social. Nuestras instituciones deben actuar con responsabilidad, siempre dentro del marco de la ley, para garantizar que nuestra democracia se mantenga fuerte y representativa.
