La propuesta de reforma constitucional en análisis, que adiciona un quinto párrafo al artículo 105 y reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para declarar la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal, plantea un peligroso precedente que erosiona la estructura de los derechos fundamentales y compromete los principios de progresividad, convencionalidad y supremacía de los derechos humanos.
Se atenta contra el principio de supremacía de los derechos humanos y su progresividad, que se han integrado en la jurisprudencia y en la legislación mexicana a través de la reforma constitucional de 2011. Al declarar la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, esta modificación limita el derecho de cualquier persona a cuestionar las reformas que puedan afectar sus derechos humanos. El derecho de acceso a la justicia y la protección judicial efectiva, consagrados en el artículo 17 constitucional, también se verían comprometidos, eliminando la posibilidad de que la ciudadanía y actores diversos busquen la defensa de sus derechos frente a modificaciones constitucionales que pudieran vulnerarlos.
A nivel internacional, México ha asumido obligaciones que exigen la observancia y el respeto de los derechos humanos conforme a los estándares internacionales. Al eliminar la posibilidad de impugnar reformas constitucionales, México contraviene principios derivados de los tratados internacionales que ha suscrito, como el Pacto de San José, que establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades, ajustándose a los principios de pro persona y control de convencionalidad. Este control permite que los tribunales verifiquen la conformidad de las leyes nacionales con los tratados internacionales, y su eliminación sería un retroceso en términos de los compromisos internacionales asumidos por México.
Resulta paradójico que esta reforma sea presentada como un mecanismo para fortalecer la supremacía constitucional, cuando en realidad se constituye como una imposición que vulnera la autonomía judicial y anula cualquier tipo de control sobre la interpretación y aplicación de los derechos humanos. Más que reforzar el poder de la Constitución, la reforma instrumentaliza esta "supremacía" para asegurar la impunidad de quienes, desde el poder, buscan modificar el texto constitucional sin responder a un juicio o revisión que valore los efectos de esas modificaciones en el ejercicio de derechos fundamentales.
En este contexto, hoy participo en el debate de esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Lo hago con la convicción de responder a mi responsabilidad y compromiso con la República, la defensa de los derechos humanos y la lucha porque la democracia no retroceda ante los apetitos autoritarios del oficialismo. El grupo parlamentario del PRI, participará con valentía y con muchos argumentos, siempre pensando en salvaguardar los derechos de los mexicanos de hoy y del porvenir.
Insisto, esta reforma se encuentra en total contradicción con el marco jurídico de protección a los derechos humanos y con las obligaciones internacionales de México. Atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva, contra el principio de progresividad y representa un retroceso en términos de respeto a los compromisos de protección de derechos adquiridos por el Estado mexicano. Esta reforma no fortalece la Constitución; más bien, la convierte en una herramienta de opresión, cerrando el paso al control de convencionalidad y destruyendo los avances en derechos humanos obtenidos en los últimos años.
Debatiremos en voz alta, con razones y con patriotismo, con el propósito de salvaguardar los derechos de todos. Cumpliremos con nuestra parte, solidarios siempre con las demandas del Poder Judicial y en la víspera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla con su cita con la historia.
*Diputada federal. PRI
X: @lorenapignon_