El modelo de control ilegal de ingresos, registros de proveedores, presupuesto para obras municipales y servicios que proporciona un ayuntamiento como el de agua, comenzó en la Tierra Caliente de Michoacán a mediados de la década pasada, y fue “importado” de las mafias colombianas por integrantes de la banda criminal que tuvo su auge en el sexenio calderonista autodenominada “Caballeros Templarios”.

La desarticulación de este grupo con la muerte y encarcelamiento de varios de sus líderes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no eliminó las prácticas que implementaron para hacerse de recursos de las economías locales, por el contrario, fueron copiadas por algunos de sus socios para sus propias agrupaciones como los hermanos Johnny y Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes del grupo criminal que se hace llamar La Familia Michoacana.

Lo ocurrido el pasado viernes 22 de noviembre con la captura de siete funcionarios municipales del Estado de México, entre los que están la alcaldesa de Amanalco y cinco jefes policiacos de diferentes zonas, como parte de las 14 órdenes de aprehensión giradas por un juez, ilustra el nivel de complicidad de organizaciones criminales con políticos locales que, junto a jefes policíacos, operan de forma abierta para la delincuencia.

Lo que salió a relucir en las primeras audiencias en el caso de la presidenta municipal de Amanalco fue que el cabildo estaba obligado a entregar a LFM un pago de 100 mil pesos por cada acuerdo del ayuntamiento. La funcionaria y el síndico municipal se reunían con cierta periodicidad con los líderes criminales en una casa de seguridad en el municipio cercano de Luvianos, donde se trataban los temas de ingresos, obras públicas y la entrega de la mitad del presupuesto anual.

Hasta esta semana seguían pendientes de cumplir la mitad de las órdenes de captura entre las que están las alcaldesas de Tonatico y Santo Tomás de los Plátanos, dos de los municipios donde las extorsiones a comerciantes por órdenes del crimen organizado eran realizadas por las mismas autoridades.

El caso que resumió este operativo coordinado entre las fiscalía general de justicia del Estado de México, la secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue el de Isidro Cortés Jiménez, director de seguridad de Texcaltitlán, el municipio donde en diciembre pasado 11 integrantes de LFM fueron linchados por pobladores de la comunidad de Texcapilla, hartos del cobro de piso por sus cosechas.

El funcionario no esperó a ser esposado por los agentes que el viernes pasado se plantaron en su oficina para notificarle la orden de aprehensión, su suicidio de un disparo quedó registrado en un video mientras estaba sentado en su escritorio.

La operación “Enjambre”, como la llamaron las autoridades, es una primera aproximación a la penetración del crimen organizado en los municipios mexiquenses de la zona conurbada y de la región sur. No son los únicos y el fenómeno data desde hace tiempo también en Guerrero y Michoacán. La información de inteligencia y las evidencias recopiladas en terreno para judicializar los casos ante el juez, traen un atraso de todo un sexenio en los que se les dejó hacer y deshacer.

@velediaz424