El blindaje constitucional, si bien busca proteger la esencia de nuestra Carta Magna, puede llevar a una limitación preocupante cuando las acciones de inconstitucionalidad se vuelven imposibles. Las acciones de inconstitucionalidad son herramientas fundamentales que permiten revisar y, si es necesario, detener reformas que vulneren los principios constitucionales. Sin este mecanismo, el blindaje se convierte en una barrera casi infranqueable, que impide cuestionar las reformas, aún si estas son injustas o contrarias al espíritu de la Constitución.

La imposibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad crea un vacío en el sistema de controles y equilibrios. Las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, se ven limitadas en su capacidad de supervisar y moderar el ejercicio de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esto conlleva el riesgo de que las reformas constitucionales se utilicen para legitimar decisiones contrarias al interés público o a los derechos fundamentales, sin posibilidad de ser cuestionadas o revocadas.

En este contexto, el blindaje extremo que imposibilita las acciones de inconstitucionalidad debilita, en lugar de fortalecer, el Estado de derecho. Los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes quedan a merced de decisiones políticas que no necesariamente representan la voluntad ni las necesidades de la sociedad. Así, la Constitución pierde su carácter de pacto social y se convierte en un instrumento estático, cerrado al diálogo y a la revisión democrática.

Para garantizar una verdadera protección de la Constitución, es esencial preservar las acciones de inconstitucionalidad como un mecanismo de revisión. Solo así podemos asegurar que el blindaje no sea una barrera para la justicia y el equilibrio, sino una protección efectiva de los principios que consagran nuestra Carta Magna.