En un panorama donde la urgencia de atender las demandas de las mujeres es cada vez más evidente, las palabras de Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, resuenan con fuerza. Durante una reunión con la organización "Colectiva de Mujeres 50+1", Guerra Castillo subrayó la importancia de asegurar los ingresos necesarios en el Paquete Económico 2025 para financiar las reformas legislativas que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres en México.
Sin embargo, en este debate económico, es importante señalar que no todas las iniciativas dependen del presupuesto. En Veracruz, por ejemplo, tenemos solo tres meses para consolidar algunas causas urgentes. Entre ellas, la iniciativa "3 de 3 contra la violencia" y el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias no requieren grandes inversiones, sino voluntad política. Estas propuestas son fundamentales para erradicar la violencia de género y garantizar el bienestar de las niñas y mujeres, y lo que verdaderamente se necesita es el compromiso de las autoridades y legisladores para implementarlas.
El llamado de Guerra Castillo a "luchar" para que los derechos de las mujeres no se queden en el papel es acertado. No obstante, es crucial recordar que la voluntad política es a menudo más decisiva que los recursos financieros. Las legisladoras de Veracruz y del resto del país deben estar no solo activas en las discusiones del Paquete Económico, sino también dispuestas a presionar para que se adopten estas medidas que, más allá de lo económico, representan un compromiso real con los derechos de las mujeres.
El verdadero desafío en los próximos meses será garantizar que las legislaciones pendientes, como las leyes sobre paridad, cuidados y violencia de género, no se queden atrapadas en procesos burocráticos o en la falta de recursos. Pero más allá del presupuesto, debemos asegurarnos de que las autoridades tengan la determinación necesaria para hacer que estas iniciativas sean efectivas.
El destino de muchas de estas reformas no depende solo de cómo se distribuyan los recursos, sino de la voluntad de hacerlas realidad. Las legisladoras tienen en sus manos la oportunidad de marcar la diferencia y demostrar que el compromiso con la justicia de género va más allá de los números; es una cuestión de principios y de acción decidida. Ahora es el momento de movilizarse y garantizar que el próximo Paquete Económico refleje ese compromiso, pero también que las reformas que no necesitan financiamiento no se retrasen por falta de voluntad política.
