En un Estado democrático la participación social es un elemento fundamental para que este se consolide como nación; la participación social es imprescindible, a fin de generar la confianza institucional indispensable para que el Estado se desarrolle y sustente a lo largo del tiempo. Es innegable que una sociedad organizada y comprometida —donde los individuos asumen su responsabilidad colaborando activamente en la consecución de objetivos y beneficios colectivos que mejoren la calidad de vida de la comunidad—, constituye un espacio de democracia participativa, de corresponsabilidad social y de ejercicio legítimo del deber y el derecho ciudadano, indispensable en la relación con las instituciones públicas. Una sociedad así conformada, contribuye a la eficiencia y eficacia de estas instituciones. El establecimiento de mecanismos institucionales de participación social es clave en el proceso de transformación educativa.
Desde 1992, el Estado mexicano procuró impulsar activamente la participación social en las escuelas. A través de diversas normativas (Ley General de la Educación, Acuerdo 260), se buscó fomentar la capacidad organizativa y la corresponsabilidad de padres de familia, exalumnos y otros agentes sociales.
Una de las acciones propuestas fue la creación de Consejos Escolares de Participación Social. Estos consejos tenían como objetivo involucrar a la comunidad en los asuntos educativos, generando un diálogo constructivo y corresponsable en la gestión y organización de las escuelas (Scielo.org.mx/scielo). Algunos estudios coincidieron en que con el impulso de la participación social en los centros escolares es posible que se construya el servicio educativo con calidad, equidad y la mejora en los resultados de aprendizaje de los alumnos (Santizo, 2011, 2012).
Otros observan en la participación social una forma de impulsar el proceso de descentralización del sistema educativo, favoreciendo la autonomía de las escuelas y la rendición de cuentas. La participación social puede desempeñar un papel fundamental en la democratización del sistema educativo y en la mejora de su calidad.
La participación social en la educación es un tema relevante tanto a nivel local como global. En este contexto -y dada la relevancia de la educación para la sociedad mexicana, en el ciclo escolar 2010-2011-, se impulsó en todo el país la participación activa y comprometida de maestros, directivos, padres de familia, exalumnos y sectores interesados en contribuir a la calidad educativa. En el ciclo se presentaron 78 Programas de Escuelas de Calidad.
La elaboración de los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) fue un proceso de diálogo —entre la Unidad de Coordinación Ejecutiva (UCE) de la SEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 31 secretarios de Educación de los estados—, en el que se llegó a un acuerdo importante sobre el papel de la participación social en nuestro país.
Una de las características centrales de estos lineamientos es que la mayoría de los miembros de los CEPS deberán ser padres de familia. “Estamos en un momento coyuntural por la manera en que operan las escuelas en México, ya que se trata de un movimiento en todo el país, en donde hay gran consenso para generar una participación dinámica en la escuela, que es el fundamental punto de incidencia para la participación social de los mexicanos, expresaron las autoridades educativas de la SEP. Sin embargo, este proceso presentó deficiencias, desafíos en esa figura innovadora para lograr una educación de calidad y equidad.
Felipe de Jesús Perales Mejía y María Mayela Escobedo Carrillo, en “La participación social en la educación: entre propuestas innovadoras y tradición educativa” UPN, opinan: El hecho de que la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar se constituyeron con los mismos miembros, no en su totalidad, pero sí casi en un 50 por ciento, nos permite observar cómo la innovadora figura del Consejo se sitúa entre la tradición y la innovación.
Así, la participación social constituye al mismo tiempo y de forma paradójica, una ruptura y una continuidad. Es una continuidad, en el sentido de que los padres de familia han participado en la vida escolar prácticamente desde la institucionalización del sistema educativo; y es una ruptura si consideramos que, como parte del proceso de modernización educativa iniciado en 1992, la constitución de los Consejos Escolares involucra en la vida de la escuela a otros agentes sociales que antes no participaban.
Hoy los Consejos Escolares de Participación Social a través de la Jefatura de la Oficina Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación, está bajo la coordinación de Jorge Mario Olin Balderas. Esta Oficina es la encargada de observar se cumpla con la normatividad e impulsar, promover y revisar la colaboración de los padres y madres de familia en coordinación con los docentes y directivos de las escuelas, propicia que se trabaje siempre en beneficio de la infraestructura de la escuela y la calidad educativa de los alumnos, con los temas de más interés que son la Salud Escolar, Protección Civil, Orientación familiar y la rendición de cuentas por medio de la Contraloría Social y Asociaciones de Padres de Familia (APF), así como la gestión de cualquier programa social en beneficio de la educación. Controla además el Sistema Nacional y Estatal de Registro de Participación Social, la conformación de los Consejos Escolares y Asociaciones de Padres de Familia, y da seguimiento a las actividades que realizan los Comités de Participación Escolar y APF.
En el tercer informe (ciclo escolar 2022-2023) sobre las principales cifras del registro de consejos de participación escolar, se da cuenta de los avances que se han tenido en la constitución de tales consejos y en los pasos dados hacia la consolidación de su funcionamiento, señala la Jefatura de la Oficina Técnica del Consejo Nacional de Participación Escolar.
“Con más del 80% de consejos de participación escolar constituidos, se observan los resultados de los esfuerzos emprendidos para incrementar el número de consejos. En cuanto a la integración de los consejos, al cierre del ciclo escolar 2022-2023, se tenían registrados 1 millón 547 mil 382 integrantes, de los cuales el 77.5% eran madres y padres de familia. Desde el punto de vista de la normatividad vigente, se está cumpliendo con la disposición que establece que en su mayoría los integrantes de los consejos deben ser padres o madres de familia”.
Sin embargo, aún existen muchos retos por vencer. Uno de ellos es lograr una participación activa y corresponsable de sus integrantes. En los resultados de programas registrados por los consejos de participación escolar, se observa que las cifras son bajas. Otros desafíos están relacionados con los Consejos Municipales de Participación Escolar en la Educación, 21 entidades reportaron haber instalado algunos de ellos, de estos solo 6 cuentan con el total de ellos.
En cuanto a los resultados de los comités de cada programa (657,739), se observa que debido a la situación de pandemia por la que ha atravesado el país, el mayor registro se presenta en el Comité Participativo de Salud Escolar. Es necesario ampliar la cobertura de los consejos de participación escolar, particularmente en las entidades y servicios educativos con mayor rezago.
Se requiere el impulso y fortalecimiento de la articulación de los tres niveles de consejos; particularmente los de participación escolar con los consejos municipales y estatales. Es necesaria la capacitación a los integrantes de los consejos de participación escolar en materia de planeación, gestión, trabajo en equipo, resolución de conflictos y capacitación focalizada a sus necesidades particulares.
Se trata de ver la participación social no solo como parte de una gestión pública eficiente (para administrar estratégicamente el cambio en las escuelas o producir calidad como producto), sino como un proceso que ayude a formar un nuevo tipo de ciudadano.
