Todos lo sabíamos. Muchos lo denunciamos. La elección del 2 de junio fue una elección de Estado. Durante todo su sexenio, el Presidente coaccionó el voto, presionó a la ciudadanía, condicionó la entrega de programas sociales, usó indebidamente recursos públicos, ejerció violencia política en razón de género y violó la Constitución.
Todos esos delitos forman parte de la sentencia emitida la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. López Obrador se convirtió en el delincuente electoral que impuso a sus candidatos el 2 de junio, Rocío Nahle, entre ellos.
Pero no sólo él. Como parte de su perversa estrategia, ordenó a todo el gobierno federal, a gobernadores, presidentes municipales, funcionarios públicos y miles de “siervos de la nación” a trabajar casa por casa para amenazar con la pérdida de programas sociales y a utilizar miles de millones de pesos de dinero público para financiar campañas y candidatos de Morena.
No obstante, el Presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, por lo que únicamente se declara su responsabilidad, es decir, se trata de una serie de delitos que quedarán impunes.
La sentencia del tribunal electoral federal pasará a la historia. Se trata de una derrota moral histórica para el autócrata que intenta construir un Maximato.
López Obrador sabía que no corría riesgos. Que la elección de Estado y el ataque sistemático en contra de los partidos políticos y los candidatos de la coalición opositora no tendría sanción.
Por ello, se convirtió en el jefe de campaña de Morena. La mañanera resultó el púlpito de la campaña electoral de los candidatos de Morena, impulsados por el uso discrecional de los programas sociales, entregados a manos llenas apenas semanas antes de la jornada electoral.
¿Qué delitos cometió López Obrador para ganar la elección del 2 de junio?
Desde el vergonzoso destape de “las corcholatas”, el tribunal electoral confirmó que el presidente usó indebidamente recursos públicos y programas sociales. Todo el gobierno federal, su presupuesto y sus recursos humanos, fueron destinados a ganar la elección, vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.
López Obrador coaccionó el voto de la ciudadanía, realizó promoción personalizada y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido, al hacer alusión al Plan C y a la necesidad de alcanzar una mayoría calificada en las cámaras del Congreso de la Unión para consumar el atraco sin castigo.
El presidente empleó una línea argumentativa tendiente a “condicionar la vigencia o beneficios de programas sociales a que una determinada opción política obtenga la mayoría calificada en el Congreso de la Unión”. Es decir, los programas sociales sólo podrían continuar si Morena ganaba la mayoría.
Pese a la dureza de la sentencia, la elección no podrá ser anulada. El presidente tampoco será sancionado. Sin embargo, su venganza será la decapitación del Poder Judicial y el Tribunal Electoral.
La puntita
Cuando en Veracruz persigan y sancionen a los responsables de más de 20 masacres, de más de 5 mil homicidios, de la desaparición de más de 7 mil personas y de decenas de feminicidios cometidos durante este gobierno, entonces la justicia estará a favor de los ciudadanos y no de la venganza del poder, como sucede con tantos adversarios políticos, entre ellos, el actual senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez.
