Yo no quisiera estar en los botines y zapatillas de las autoridades electorales, y menos de los magistrados del Tribunal Federal Electoral, porque estos últimos pertenecen al Poder Judicial.
Y no quisiera porque en sus manos está el futuro del México democrático o el México autoritario. De ellos depende cumplirle un capricho al presidente de la República, de obsequiarle una mayoría calificada a Morena y sus partidos lacayos, o actuar con responsabilidad histórica y mantener la democracia representativa, la justicia electoral, la libertad y los derechos humanos.
¿O fortalecimiento de las instituciones, o régimen autoritario al permitirle, con esa sobrerrepresentación la oportunidad de desaparecer al actual Poder Judicial, para que, como ya conocemos en la iniciativa de ley que aprobaron en comisiones este mes, en el próximo, la voten con su mayoría mecánica, su aplanadora, y aprueben uno nuevo, sumiso, arrodillado y obediente al Ejecutivo?
De ese tamaño es el peso que sobre sus espaldas y conciencias tendrán los magistrados del TRIFE, que pertenecen al poder que odia AMLO y su instrumento electoral Morena, que son estudiosos de la ley y de nuestra Constitución, y que como juzgadores nos enseñan a interpretar el >sentido de nuestra ley de leyes<, lo que su espíritu abraza y nos da a entender como “la división de poderes”, como la “democracia representativa”, que plasmó la no sobrerrepresentación. Por algo allí se estipuló este contrapeso, que es -sine qua non- factor indispensable para la democracia.
Son ellos, los magistrados del Tribunal Federal Electoral en segunda instancia, y antes las y los consejeros del INE, los que deben velar porque se respete la exacta correspondencia entre votos y escaños, precisando que la sobrerrepresentación distorsionaría el pacto constitucional que indica, que toda reforma a ella (Carta Magna) debe ser producto de grandes acuerdos políticos y nunca, en este México del siglo XXI, de una sola fuerza política.
Estos hombres y mujeres estudiosos de nuestra ley de leyes, a la cual juraron y protestaron apegar todos sus actos, jamás podrían demostrar que actuaron con apego a ella si al que obtuvo el 54% de la votación nacional, le otorgan el 75% de la integración de la Cámara de Diputados, porque estarían poniéndole los cimientos y el piso a una dictadura de gobierno, despidiéndonos de nuestra incipiente democracia ganada con cárcel, sangre, marchas, huelgas de hambre y violación de garantías individuales, sucedidas en el siglo pasado.
El Congreso que ellos, con su decisión decidan en esta semana construir, debería ser un Poder Legislativo de todos los mexicanos, representado por todas sus voces: las más y las menos; las muchas y las pocas, porque este Congreso que se instalará el primero de septiembre, debe seguir siendo el lugar donde las minorías representadas expongan sus ideas sobre el México que desean, y las mayorías, en una convivencia sana, las escuchen y enriquezcan con las suyas.
Ese es el espíritu de nuestra actual Constitución, la que marca nuestra actual forma de gobierno, la del equilibrio de los tres poderes, la que se perfeccionó después de las grandes movilizaciones médicas, magisteriales, ferrocarrileras, estudiantiles, y de la transición democrática arrancada por la fuerza en 1988, la que le sirvió a don Andrés Manuel López Obrador y a Morena para hacerse del poder, y ahora pretender cambiarla para perpetuarse en él.
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