Manifiesto mi rechazo firme y decidido a las reformas que se pretenden imponer al sistema de impartición de justicia en México. Esta no es una oposición que nace del desacuerdo por matices, sino una defensa de los principios democráticos, de la división de poderes y, sobre todo, de la independencia judicial que debe guiar nuestra labor como representantes del pueblo mexicano.

Nos presentan esta reforma como un avance hacia una justicia más cercana al pueblo, pero lo que realmente oculta es un intento de concentrar poder de manera autoritaria. Se nos dice que el pueblo elegirá a sus jueces de manera directa, pero se omite que Morena, el partido en el poder, controlará la preselección de los candidatos. Esto no es una elección libre, sino una simulación que busca controlar quiénes imparten justicia. La independencia judicial no es un capricho; es una garantía fundamental para que cualquier ciudadano pueda recibir justicia imparcial.

Con esta reforma, sacrificamos esa imparcialidad en favor del poder político. Nos quieren hacer creer que esta reforma facilita la participación ciudadana, pero la sobreabundancia de candidatos en las boletas solo generará confusión y manipulación. En estados como la Ciudad de México, el ciudadano estará enfrentándose a un sinfín de nombres, lo que lejos de empoderar, confunde y podría llevar a decisiones al azar o a que se favorezca a los más promovidos por el Ejecutivo.

Lo más alarmante es la creación de un Tribunal de Disciplina, integrado por cinco personas preseleccionadas por Morena, con poder para remover jueces, iniciar procesos penales y aplicar inhabilitaciones de hasta 20 años. Este tribunal no garantiza un sistema judicial independiente; más bien, se convierte en un instrumento de castigo para quienes no se alineen con los intereses del partido en el poder. Nos llevan hacia un modelo donde el Poder Judicial estará sometido a los caprichos del Ejecutivo, y eso, compatriotas, es la muerte de la democracia.

Un claro ejemplo de lo que está en juego es lo ocurrido en Veracruz, el segundo estado en convocar y votar la reforma al Poder Judicial. Esto demuestra que, cuando hay voluntad política, se puede lograr todo. Sin embargo, en esta ocasión, no estamos ante una demanda ciudadana legítima, sino ante una exigencia del Ejecutivo. Esta imposición desde arriba, que no responde a las necesidades reales de la gente, pone en riesgo la esencia misma de nuestra democracia y la separación de poderes.

Como legisladores, tenemos la responsabilidad de proteger los principios fundamentales de nuestra Constitución, y uno de ellos es la división de poderes. No podemos permitir que se manipule al Poder Judicial, pues al hacerlo, se desmantela la democracia misma. Será en instancias internacionales donde se hará valer el respeto al equilibrio de poderes y se defenderá a la República ante este embate autoritario. Recientemente, vimos a ciudadanos irrumpir en el Senado, exigiendo ser escuchados. Estudiantes, colectivos y organizaciones civiles han alzado la voz en demanda de diálogo, pero seguimos legislando de espaldas al pueblo. Es hora de escuchar, abrir el debate y defender con firmeza nuestra democracia.