El reciente posicionamiento del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha puesto en evidencia una realidad que el partido oficialista pretendía ocultar: la presentación de una iniciativa con el propósito aberrante de hacer inimpugnables las reformas constitucionales constituye, en sí misma, un reconocimiento tácito de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) posee facultades para revertir la nefasta reforma judicial populista aprobada.

La iniciativa presentada por los legisladores de Morena busca modificar los artículos 1°, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito expreso de hacer inimpugnables las reformas constitucionales. Esta propuesta surge en un momento crítico, cuando la reforma judicial que pretende implementar la elección popular de jueces y magistrados enfrenta serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

La propuesta contradice frontalmente diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Democrática Interamericana y capítulos del T-MEC en donde se enfatiza en la necesidad de órganos judiciales independientes para darle certeza a las inversiones entre los tres países

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples ocasiones que el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades estatales. Casos emblemáticos como "Almonacid Arellano vs. Chile" y "Gelman vs. Uruguay" han sentado precedentes claros sobre la imposibilidad de que los Estados evadan sus obligaciones internacionales mediante reformas constitucionales. Con esta iniciativa en donde pretenden hacer incontrovertibles las reformas constitucionales, se tira al cesto de la basura el Pacto de San José.

La iniciativa presentada por Morena en el Senado, la cual pretenden presentar ante el pleno a la brevedad, vulnera muchos principios como: Principio de progresividad, que prohíbe retrocesos en materia de derechos humanos. El principio pro persona, en donde se hace la interpretación más favorable a la protección de derechos. El control de constitucionalidad y el principio de separación de poderes públicos.

La reforma judicial que se pretende blindar mediante esta iniciativa representa una amenaza sin precedentes para la independencia judicial en México. Ya se ha mencionado que la elección popular de jueces subordinaría las decisiones judiciales a intereses políticos, destruye la carrera judicial, vulneran el derecho de los ciudadanos a un poder judicial independiente y expone a los juzgadores a influencias indebidas de un gobierno autoritario, del crimen organizado y otros poderes fácticos que promuevan a sus jueces afines.

En este contexto queda claro que la premura con que se pretende aprobar esta modificación constitucional evidencia el temor ante un inminente control constitucional por parte de la SCJN. El intento de excluir expresamente el control de convencionalidad no solo viola los compromisos internacionales de México, sino que también expone al Estado mexicano a responsabilidad internacional.

La defensa del Estado de Derecho y la independencia judicial requiere un rechazo categórico a esta iniciativa. Como ha quedado demostrado, tal pretensión es incompatible con los principios fundamentales del constitucionalismo democrático y el derecho internacional de los derechos humanos. Como bloque, los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, daremos la batalla política, legal y legislativa; no nos doblarán.

*Diputada federal. PRI

@lorenapignon_