La incertidumbre es la falta de certeza. Genera inseguridad, inquietud, duda, recelo y hasta sospecha. Así lo sienten muchas feministas porque no hay claridad si habrá voluntad política para rescatar la política de género, su presupuesto, ni si se van a realizar las acciones integrales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.
Estamos estrenando una Secretaría de las Mujeres, aprobada por el Congreso y lista para trabajar, pero no sabemos si se trata de un progreso simbólico únicamente sin posibilidad de materializar acciones. No sabemos cómo se arma y si, como se solicitó, incluirá a las organizaciones sociales en su estructura.
Mientras tanto está la realidad. A 42 días de la nueva administración nos duele el asesinato de una periodista, Patricia Ramírez González de Colima; el asesinato de dos mujeres en Acapulco; las amenazas en la casa de Irinea Buendía, tenaz en la denuncia de la impunidad en casos de feminicidio. Fueron a balear su casa.
Se suman las amenazas de muerte a la poeta y activista zoque Mikeas Sánchez defensora de la madre tierra y contra los maga proyectos, amiga del sacerdote Marcelo Pérez, asesinado el pasado 20 de octubre. El de Irinea y éste parecen casos de la tradicional represión a opositores en otros tiempos.
Se suma la ejecución de Adriana y Virginia Ortiz García, dos mujeres de la comunidad triqui, sucedido en pleno centro de Oaxaca el 28 de octubre quienes durante años exigieron la aparición de Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, sus primas radialistas comunitarias desaparecidas desde 2007.
La incertidumbre crece por la falta de información. Pasa con las reformas constitucionales. No sabemos qué esperan las mujeres con la reforma judicial, cómo se afectarán los derechos de todas; no sabemos cómo impactará a las mujeres si la Cámara de Diputados aprueba esta semana la eliminación de siete órganos autónomos, entre ellos el INAI, uno de los medios para tener idea y conocer de qué tamaño es la violencia contra las mujeres, base para la prevención.
¿Quién nos explica la reforma sobre la supremacía constitucional aprobada a toda prisa por los legisladores federales y los congresos estatales? ¿Qué significa para las mujeres que como Irinea Buendía logró a través de la Suprema Corte enderezar el feminicidio de su hija, Mariana Lima Buendía, tipificado como suicidio, cuando era feminicidio?
Hay otro sesgo preocupante. Ha vuelto a la escena el pacto patriarcal. En Tabasco, este domingo se acordó que dirigirá Morena un violentador político en razón de género. Se llama Jesús Selvan García, inscrito en el registro de violentadores, cuyas fechorías están documentadas en el expediente SX-JDC-225/2023 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ataque físico y verbal contra la diputada Rita Gálvez Bonora.
Además, está la denuncia de Lupita, una mujer policía de investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quien hace días denunció penal y públicamente al comandante de la corporación, Ernesto Molina Aguilar, por el delito de abuso sexual. Lupita está hospitalizada. Su familia teme que se encubrirá al perpetrador.
Ya se empieza a decir ¿qué pasará con Melanie Barragán?, de Ciudad Madero, Tamaulipas, agredida físicamente por su novio, Christian de Jesús Rojas, el 31 de octubre durante una fiesta de Halloween. Caso viralizado, el agresor huyó.
No me alcanza el espacio para tanto agravio. Noviembre es el mes para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Por ello no amaina esta incertidumbre de si habrá o no la voluntad política para la atención integral de la violencia feminicida. Veremos.
Periodista. Editora de Género en la OEM, directora del portal informativo http:/www:/semmexico.mx
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