En 2019 el Gobierno Federal, a través de un boletín oficial, dio a conocer que “El gasto de operación del Poder Ejecutivo, secretarías y dependencias, tendrán una disminución del 4 por ciento −sin afectar organismos autónomos− para que esos recursos se destinen a las universidades públicas del país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se va a corregir, hacen falta de 4 a 5 mil millones de pesos. Yo había hecho un compromiso, seguramente ustedes lo recuerdan.
Como presidente electo fui a la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) y dije que si no aumentaba el presupuesto de las universidades públicas, no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año más inflación. Esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error”, señaló el presidente con referencia al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019. Luego de que revisó que en el PEF 2019 había una disminución en el presupuesto a las universidades públicas, reiteró en conferencia de prensa matutina que se realizarán los ajustes necesarios para dotar a las instituciones de educación superior de los ingresos suficientes para su operación”.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la educación en México ha mostrado una notable desconexión entre su retórica altamente híper reivindicativa y los resultados reales en el sector educativo, especialmente en lo que respecta a la educación superior y las universidades públicas, mencionó Pedro Flores Crespo, Doctor en Política y Desarrollo por la Universidad de York, en entrevista con Tribuna de Querétaro resume Ángel Rivera en Educación Futura.
El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además, marcó que, a pesar de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Educación, muchos de ellos no se cumplieron. Un ejemplo claro es la meta de alcanzar un 50% de cobertura en Educación Superior, la cual no se logró, incluso con el apoyo de becas. Además, la reducción del presupuesto en términos reales destinado a las universidades ha impactado negativamente en la calidad educativa y en la formación docente, comentó.
Las universidades públicas también han sido impactadas por las políticas de AMLO. Aunque su gobierno ha promovido la creación de nuevas universidades para aumentar la cobertura educativa, las instituciones existentes han enfrentado retos financieros, y la calidad de la enseñanza en algunas áreas ha sido cuestionada. La reducción de presupuestos y la falta de recursos para investigación han generado preocupación entre académicos y estudiantes.
“Respecto a esta relación, Flores Crespo describió un panorama preocupante. Destacó que este gobierno ha mostrado una aversión significativa hacia las universidades públicas, reflejada en la disminución del presupuesto y la imposición de la austeridad republicana, lo que ha llevado a condiciones precarias en instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Además, mencionó que en este sexenio se ha intentado intervenir en la autonomía de las universidades a través de la modificación de leyes orgánicas, bajo la excusa de democratizar las instituciones, pero con el objetivo de consolidar su control”.
Y no solo fue Querétaro que sufrió la disminución financiera, igualmente “en los últimos cinco años 15 gobiernos estatales adeudan 10 mil 68 millones de pesos a sus universidades: Coahuila, en primer lugar, con 2 mil 914 millones; Sonora, con mil 560 millones; Tamaulipas, con mil 507 millones; Chihuahua, mil 421 millones; Baja California, mil 329 millones; San Luis Potosí, 345 millones; Yucatán, 294 millones; Nuevo León, 234 millones; Durango, 208 millones; Tabasco, 138 millones; Quintana Roo, 70 millones; Colima, 21 millones; Sinaloa, 2 millones; Estado de México, 2 millones, y Guerrero, 400 mil pesos”.
Para 2025, las universidades públicas del país solicitarán un incremento nominal de presupuesto de por lo menos 8 por ciento y, en términos reales, de 4 por ciento, cifra que es una estimación que se está revisando, destacó en entrevista con Víctor Ballinas, de La Jornada, el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Plascencia. En 2024, el presupuesto para toda la educación superior (pública) fue de 158 mil millones de pesos, por lo que para el próximo año se demandarán 36 mil 929 millones adicionales, porque se incluyen los montos de gratuidad, universalidad y fondos extraordinarios, que en este gobierno se congelaron.
“A su vez, González Plascencia dio a conocer que no estamos pidiendo adeudos de años anteriores, lo que estamos proponiendo es que se compense de alguna manera este déficit, no lo vemos en términos de un adeudo, sino más bien de lo que se ha dejado de invertir y que ha generado problemas de infraestructura y ha tenido impacto, por supuesto, en equipos obsoletos y en la posibilidad de que tengamos más espacios para los jóvenes.
Recordó que, en el tema de la gratuidad, que se mandata en la Constitución y en la Ley General de Educación, preveía la creación de un fondo especial que simplemente no se ha cubierto…” Destacó que las instituciones esperan que cambie el panorama financiero con el nuevo gobierno, ya que la administración que está por concluir tiene un déficit de 43 mil 176 millones de pesos, dinero que no entregaron y que está siendo cargado por las familias de los estudiantes. El secretario ejecutivo de ANUIES precisó que además de la solicitud de 4 por ciento real de incremento al gasto se requieren 10 mil millones de pesos adicionales anuales para atender la demanda total universitaria y más de 10 mil para la gratuidad. Recalcó que de 2019 a 2024 el gobierno federal otorgó menos recursos con respecto a 2018.
“Mientras el sexenio llega a su fin, la educación en México sigue enfrentando retos importantes. La sostenibilidad de las políticas implementadas, la capacidad de las universidades públicas para adaptarse a los cambios y la posibilidad de que surjan nuevas tensiones con los sindicatos serán factores determinantes en el futuro del sistema educativo mexicano, mismo que corresponderá a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo”.
En una de sus participaciones sobre el tema educativo, Sheinbaum Pardo garantizó a los jóvenes que su gobierno hará que la educación superior pública sea “verdaderamente gratuita". Y tendrán que participar las universidades públicas en este esfuerzo, porque la educación es un derecho, no un privilegio”, aseguró en una reunión con representantes juveniles de todo el país. “Por eso vamos a hacer la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades Benito Juárez nacionales para darles opciones a los jóvenes a que tengan educación universitaria humanista, científica”, reseñó en La Jornada Alma E. Muñoz.
El tema de la gratuidad preveía la creación de un fondo especial que simplemente no se ha cubierto y que ahora, con un planteamiento que ha hecho la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, “pensamos que habrá posibilidades de lograrlo y el tema de la obligatoriedad, esta idea de que no se quede nadie fuera de las instituciones académicas, lo podamos hacer para que la totalidad de los estudiantes que están egresando de la educación media superior tengan acceso a las licenciaturas”, en otras palabras ingresar a la universidad. Este planteamiento es optimista y deseable, ojalá no se repita aquel compromiso de López Obrador que no se logró de “dotar a las instituciones de educación superior de los ingresos suficientes para su operación”.