Tal vez algunos de ustedes crean firmemente que el tema de la reforma al Poder Judicial propuesta por nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un asunto de la clase política, de los partidos políticos, de los diputados y diputadas y en su caso de los integrantes de ese poder, que nada tiene que ver con la vida cotidiana del pueblo.
Permítanme compartir con ustedes mi convicción de que esta reforma es un asunto de toda la ciudadanía, y que en consecuencia sería muy importante que todas y todos hiciéramos un ejercicio de reflexión para repensar al Poder Judicial.
Como parte de este ejercicio recordemos que a través de los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, hemos reconocido que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que ha sido voluntad del pueblo constituirnos como una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación y que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, a saber, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Nuestra Carta Magna, establece con claridad cómo se eligen cada uno de esos poderes, cómo se organizan y cuáles son sus facultades. Así, el poder legislativo de la Nación se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, en tanto que el Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que se denomina “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos". A los integrantes de estos dos poderes los elige el pueblo a través del voto popular, reconociendo precisamente que el poder reside en el pueblo, tal y como lo hicimos en el pasado proceso electoral del 2 de junio.
No obstante, en el caso del poder judicial, que tiene a su cargo, nada más y nada menos, que impartir justicia, incluyendo la defensa y en su caso la suspensión de derechos, la determinación de la comisión de delitos por parte de las personas, y en su caso el tipo de pena y su duración, resulta que no son electos por el pueblo, sino por unas cuantas personas.
Recordemos que el poder judicial se divide en la Suprema Corte de Justicia, integrada por ministros, así como por magistradas y magistrados de Circuito y por juezas y jueces de Distrito. A los primeros los elige el Senado a propuesta del Presidente de la República, en tanto que a magistrados y jueces los eligen instancias del propio poder judicial, supuestamente a través de la carrera judicial que está plagada de irregularidades, nepotismo, amiguismo e influyentismo, es decir, la mayoría de sus integrantes se autoeligen, y de manera autónoma definen sus sueldos, sus prestaciones y sus jubilaciones, desde luego, esto, con recursos de todo el pueblo, es decir, con el presupuesto público.
Caer en manos del poder judicial por alguna acusación verdadera o falsa, representa entrar en una suerte de túnel oscuro, del que no se sabe con certeza cómo será la salida, tanto para el que acusa como para el acusado. La autonomía que la propia Constitución le otorga a este poder -incluyendo su proceso de disciplina y rendición de cuentas ante sí mismos-, ha llevado a un sin número de injusticias que son más que conocidas y/o vividas por muchas personas.
La incertidumbre ciudadana de ser posiblemente juzgado por un trabajo mal realizado o plagado de prácticas corruptas, debe ser ya erradicada de nuestra vida. Delincuentes libres porque pudieron pagar abogados o juzgadores que por temas de proceso encontraron la forma de no enfrentar su pena, miles de pobres en la cárcel sin sentencia por no hablar español, por no poder pagar un abogado o porque simplemente su expediente es uno de tantos que se encuentran rezagados por tiempo indefinido.
Acuerdos políticos y económico con poderes fácticos a costa de la tranquilidad de comunidades, acuerdos para que empresarios no paguen impuestos, acuerdos de 6 o 7 Ministros para echar abajo leyes aprobadas por el poder legislativo que benefician a la mayoría, bajo sentencias de “inconstitucionalidad” amañadas, erigiéndose como un súper poder eliminando el principio de equilibrio de poderes, y un sinnúmero de injusticias más, que deben ser corregidas para que las y los mexicanos vivamos con la certeza de que la impartición de justicia se lleva a cabo de manera imparcial y siempre con apego a las leyes, sin corrupción, sin dispendios presupuestales y sin dilación en las resoluciones que tanto afectan a diversas personas y sus familias.
Por ello, repensar el Poder Judicial es un tema de todas las mexicanas y todos los mexicanos, porque construir un México con paz y con justicia nos atañe a la ciudadanía en su conjunto.
Encuestas nacionales reflejan que la mayoría del pueblo quiere una reforma judicial, quiere sentirse más seguro y tranquilo ante cualquier controversia derivada de la probable comisión de un delito. También un porcentaje importante de la población coincidimos en que no todos los juzgadores son injustos, corruptos o ineptos, sin duda mucha gente también ha vivido experiencias positivas derivadas de sentencias justas y apegadas a la ley, segura estoy que ese sector interno del poder judicial, ayudará mucho para que logremos una reforma que los engrandezca y que beneficie a la mayoría del pueblo.
Del lado del poder legislativo hemos emprendido una jornada de Diálogos Nacionales amplia, plural e incluyente para que se opine respecto de la reforma judicial, y tengamos más elementos para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
*Diputada Federal. Morena
