Me dejó perplejo, estupefacto, la declaración del general Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar con sede en Culiacán, Sinaloa, el pasado lunes, cuando en una conferencia de prensa, convocada por el gobernador de aquel estado, el controvertido Rubén Rocha Moya, contestó a los periodistas a sus preguntas sobre ¿cuándo cesaría la violencia en Culiacán?
“Esperemos que (la tranquilidad) sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros, depende de que los grupos antagónicos dejen de hacer su confrontación, y que dejen a la población en paz, para que vivan tranquilos”.
Y por si esta manifestación parlante del general Jesús, tratáramos de entenderla como un impasse del encargado de garantizar la paz y el orden en el estado de Sinaloa, donde es responsable, insisto, de la tercera región militar, al día siguiente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, manifestó, en la mañanera de ayer martes en Palacio Nacional, que en efecto, “no se puede determinar la duración de la confrontación en Sinaloa entre grupos de la delincuencia organizada, tras la captura de Ismael -El Mayo- Zambada”.
Con estas declaraciones del secretario de la Defensa, y del responsable del orden, la paz y la tranquilidad en Sinaloa entiendo, porque este sexenio es el más sangriento en la historia de México: con Vicente Fox tuvimos 60 mil 280 crímenes; con Felipe Calderón, el que les declaró la guerra, 120 mil 66; con Enrique Peña Nieto 156 mil 66 homicidios dolosos, y con el presidente que afirma que el pueblo está feliz, feliz, feliz, la cifra alcanza ya los 197 mil 953 crímenes, casi 198 mil, sin contar los 51 mil 286 desaparecidos.
Por eso estamos como estamos. Porque el Estado reconoce que abdicó a su razón de existir, a su obligación primaria, fundamental, toral, que es la de garantizar a todos los mexicanos la paz, y porque con estas declaraciones admite que el Ejército, ese pueblo con uniforme, como dice AMLO, que implícitamente no puede con el crimen organizado, y sí, los resultados, las estadísticas confirman eso, que estamos indefensos frente a los criminales que están, efectivamente, bien organizados.
Estamos a merced de ellos, de lo que estos digan y hagan con el pueblo bueno, porque el Estado que tiene la obligación, con sus instrumentos, de brindarnos paz, tranquilidad, orden y justicia, afirma que no depende de ellos garantizarla (entra aquí, estimados lectores, un emoji de incredulidad, azoro y enojo, que no la trae mi máquina para colocarlo en esta entrega).
¿Y ahora, quien podrá defendernos, si este Estado, el que dice que todo va bien, muestra en los hechos que nada ve, nada oye y nada hace para cumplir con su principal obligación, que es la de garantizar el orden público?
Allí está Sinaloa, allí está Chiapas, allí está Chihuahua, allí está la Coca Cola que ya cerró su planta en Morelos y dejó a cientos de trabajadores sin su empleo, allí está Sonora que sigue con su caos, allí está Tamaulipas con sus cientos de Oxxos cerrados, allí está Veracruz con sus crímenes a menores y mujeres, allí están las extorsiones, el cobro de piso, y un largo etcétera que muestra que las confesiones de los generales son ciertas: ¡no pueden con el crimen organizado!
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