La despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Veracruz, lograda durante la administración estatal a punto de concluir, ha sido uno de los avances más significativos en materia de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, persisten desafíos, especialmente en la atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual que presentan embarazos.
Según la organización Equifonía AC, la implementación efectiva de la ley es aún deficiente, lo que afecta la protección integral de estas menores.
A pesar de las reformas al Código Penal que facilitan el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para víctimas de violencia sexual, los mecanismos para garantizar su cumplimiento no están completamente coordinados. La falta de comunicación entre los servicios de salud y las autoridades judiciales sigue siendo un obstáculo importante.
El camino hacia la despenalización
Este avance, que garantiza a las mujeres mayor autonomía sobre sus cuerpos y acceso a servicios de salud seguros, fue impulsado por la presión del movimiento feminista y organizaciones de la sociedad civil, como Equifonía AC.
Cabe recordar que esta organización fue una de las solicitantes de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio Comparado en 2016, una acción que allanó el camino hacia la despenalización del aborto en Veracruz.
Implementación insuficiente
Adriana Fuentes Manzo, coordinadora general de Equifonía AC, destaca que aunque la reforma es un paso importante, su aplicación enfrenta obstáculos significativos.
“Nos quitaron este ‘candadito’ gracias a la exigencia de la sociedad civil, mecanismos como la AVGM y presentación de recursos legales, pero aún hay muchos pendientes”, refiere.
La experiencia de Equifonía en el acompañamiento a niñas y adolescentes revela que, en muchos casos, las instituciones de salud no notifican a la Fiscalía ni a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuando se atienden embarazos de menores, impidiendo la activación de una investigación adecuada.
Según sus registros, entre 2021 y 2023 se reportaron 2,051 embarazos en niñas menores de 15 años, un dato que refleja la magnitud de la violencia sexual.
Retos en la atención a niñas y adolescentes
Equifonía ha señalado que muchas niñas no se asumen como víctimas de un delito, lo que dificulta el acceso a la justicia. En este sentido, el papel de la Procuraduría es crucial para brindar orientación a las familias y garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
A pesar de la existencia de normativas, persiste la falta de capacitación del personal de salud y la insuficiente coordinación interinstitucional. Fuentes Manzo subraya que es necesario profesionalizar al personal de la Fiscalía y fortalecer las campañas informativas que expliquen los derechos de las víctimas y los servicios disponibles.
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Los datos oficiales
De acuerdo con la Secretaría de Salud de Veracruz, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2024, se realizaron 162 interrupciones voluntarias del embarazo por violación (IVE) y, tras la despenalización del aborto en junio de 2021, 1,241 interrupciones legales por libre elección (ILE).
Además, los registros indican que entre 2022 y 2023 las interrupciones voluntarias de embarazo aumentaron de 24 a 38, mientras que las interrupciones legales crecieron de 279 a 489 en ese mismo periodo.
Entre enero y agosto de 2024, se reportaron 462 interrupciones de embarazo, de las cuales 28 fueron IVE y 434 ILE.
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Cabe precisar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho de las niñas víctimas de violencia sexual, y pueden solicitarla en cualquier momento durante la gestación.
Por otro lado, la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) es un servicio de salud al que tienen derecho todas las mujeres en Veracruz hasta las 12 semanas de gestación, sin necesidad de justificar su decisión. En ambos casos, las autoridades tienen la obligación de garantizar su acceso y cumplimiento.
Falta de coordinación y recursos
Para Equifonía, uno de los principales obstáculos es la falta de coordinación entre las autoridades competentes y la insuficiencia de recursos en las procuradurías y fiscalías locales.
“A las niñas y adolescentes les resulta difícil saber a dónde acudir, qué servicios ofrece cada institución y recibir atención oportuna para determinar el tiempo de gestación”, refiere Fuentes Manzo.
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También señala que Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, con casos concentrados en municipios como:
- Veracruz puerto
- San Andrés Tuxtla
- Coatzacoalcos
- Acayucan
- Xalapa
La falta de formación en los centros hospitalarios para atender embarazos infantiles, que son producto de violencia sexual, agrava la situación.
Por ley, las instituciones de salud deben notificar a la Fiscalía cuando atienden a una niña embarazada. Sin embargo, la Fiscalía frecuentemente no cumple con su deber de seguimiento, lo que impide a las niñas acceder a la justicia y vulnera la protección de sus derechos.
Próximos desafíos
La próxima administración estatal, que será encabezada por la primera mujer gobernadora, enfrentará desafíos, pero también contará con oportunidades para fortalecer las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva.
Para las integrantes de Equifonía AC, es crucial priorizar a la niñez y asegurar la protección de sus derechos, especialmente para la población en condiciones de vulnerabilidad. Es necesario que la infancia sea tomada en cuenta en las decisiones y acciones de política pública.
Ya se cuenta con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), que tiene dos objetivos fundamentales: reducir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil. Ahora, es responsabilidad de la nueva administración implementar esta política pública, así como materializar la reforma de la ley que legalizó el aborto el 21 de junio de 2021. También se deben impulsar campañas informativas para reducir la violencia contra las niñas.
Es fundamental garantizar que en las unidades médicas las niñas reciban un diagnóstico adecuado, con el fin de restituir su derecho a la salud.
Esto es relevante porque el embarazo infantil es una manifestación extrema de la violencia contra las niñas.
"Si en Veracruz hay 21 casos de embarazo infantil, deberíamos tener 21 diagnósticos y 21 planes de restitución de derechos, para garantizar que esas niñas y sus hijos tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida con esperanza", explica Fuentes Manzo.
Además, desde Equifonía AC, se considera esencial que el gobierno estatal establezca un diálogo cercano con la sociedad civil y las organizaciones que trabajan directamente con la población y tienen un diagnóstico claro de la problemática.
Se subraya la importancia del trabajo en equipo y la colaboración entre sectores. “Nuestro objetivo es llegar a más niñas y familias, para que conozcan nuestro trabajo y sepan cómo podemos acompañarlas en la exigencia de sus derechos, garantizándoles acceso a ellos. También buscamos brindar alternativas en casos complejos como el embarazo infantil”, refiere.
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Es importante destacar que Equifonía A.C. ha estado involucrada en diversas iniciativas para combatir la violencia de género. Recientemente, lanzaron una campaña de recaudación de fondos para continuar su labor en este ámbito, subrayando la necesidad de contar con recursos para atender a las víctimas y promover sus derechos.
La organización también se ha centrado en la capacitación y profesionalización de los actores involucrados en el sistema de justicia, mejorando la respuesta ante casos de violencia contra las mujeres. Esto incluye cursos y talleres sobre feminicidio y acceso a la justicia.
El equipo de Equifonía está compuesto por mujeres de diversas disciplinas, como psicología, derecho y sociología, lo que les permite abordar los problemas desde diferentes perspectivas. A la fecha, esta asociación civil sigue siendo un pilar en la lucha por los derechos de las mujeres en Veracruz.
Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa
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