Fernando Arechederra, el jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entiende, y justifica, las exigencias de mayores participaciones de las entidades subnacionales porque durante años fungió como enlace con las autoridades federales en la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
Pero estas solicitudes, exhorta, deben enfocarse en la integralidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y no centrarse sólo en algunos elementos que distorsionan la realidad.
¿Técnicamente cómo es posible lograr un punto medio en la recurrente solicitud de los estados de mayores recursos?
Debemos aprovechar y ver en su justa dimensión el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, aprovechar todas las ventajas que actualmente ofrece y conocer también de manera integral cómo funcionan las fuentes de financiamiento que tienen los estados y municipios. La más importantes, porque así está en nuestro pacto fiscal federal, son las participaciones federales y adicionalmente están los incentivos económicos que en conjunto se conocen como el Ramo 28. Y son fundamentales porque son ingresos de libre disposición, es decir que permiten a estados y municipios cumplir con su programa de gobierno y gasto público.
Otra parte son las aportaciones federales o asociadas que se denominan en el Ramo 33 y que son transferencias etiquetadas para ciertos fines específicos, desde seguridad pública hasta infraestructura social que permita abatir pobreza, y tienen otra condición que es el compromiso de pago, es decir conforme salga calendarizado a principios de año, derivado de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos se entregan mensualmente.
Adicionalmente están las potestades tributarias para recaudar y generar ingresos propios, y la última fuente es la deuda pública.
Es fundamental contextualizarlo en este sentido porque nos permite tener claridad de dónde pueden las entidades conseguir recursos o qué tenemos que hacer en consecuencia para poder financiar el gasto público.
¿Pero en la ecuación, para muchos estados fue más fácil no ejercer sus potestades y recargarse más en la deuda?
En cierta medida sin duda es así, pero hay que recordar que también tenemos un esquema de disciplina financiera que aterriza en una modificación a la Constitución en 2015, y que se materializó en una ley en 2016, y esto permite tener un mayor control y seguimiento, estableciendo los techos de endeudamiento. Pero insisto, es fundamental considerar todas las fuentes de financiamiento porque la deuda no es la fuente principal de financiamiento de un gobierno.
¿Pero entonces dónde surgen las diferencias o la polémica?
Ya platicamos de las cuatro grandes fuentes de recursos, pero si nos enfocamos en el tema de las participaciones federales veremos que tienen un vínculo con los ingresos propios de las entidades federativas. Es decir, las fórmulas de distribución de algunos de los fondos tienen variables asociadas a la recaudación de ingresos propios, es un vínculo fundamental de dos fuentes de recursos que eventualmente permite a las entidades federativas tener más o menos recursos.
Y adicional, lo vinculo con el tema de la deuda que, primero, no hay que satanizarla, porque el endeudamiento en su justa dimensión es una fuente de recursos y en el caso de México y de acuerdo con la Ley de Disciplina, se puede usar en tres sentidos: inversión pública productiva; refinanciamiento y reestructura. Es decir, que esta fuente de recursos permite generar inversión pública que, a su vez, puede ocasionar que se mejoren las condiciones de las ciudades, carreteras, calles, espacios públicos y con ello se revaloran los espacios y se vincula con el Impuesto Predial, que es una potestad de cobro para tener mayores recursos y, a su vez, se liga nuevamente con el tema de las participaciones federales.
¿Y la reestructura y refinanciamiento?
Ambas opciones permiten generar mejores condiciones del endeudamiento actual y no está asociado necesariamente a alguna administración en particular, porque quienes llegan hoy pueden tener un saldo de endeudamiento que sirvió para generar, por ejemplo, obra pública y es el saldo que se está cubriendo, un servicio de dicha deuda que se tiene que pagar. Y la reestructura y refinanciamiento permiten generar mejores condiciones de dicho saldo y al reducir el servicio aumenta el flujo, tienes más recursos y capacidad de ejercicio del gasto público.
Hasta aquí todo parece muy lineal y sin generar mayor discusión, pero ¿porqué algunos estados están inconformes con la situación y argumentan que de alguna manera subsidian a las entidades más pobres del país?
No es que una entidad federativa genere más o menos recursos, sino que como nación tenemos un sistema que permite que como entidad federativa dejes en pausa o cedas ciertas potestades tributarias para que sea el gobierno federal quien las recaude, pero no es que le estés extrayendo valor a una entidad para beneficiar a otras. No tiene necesariamente ese sentido, sin duda el hecho de que tú recaudes y le participes a las entidades federativas cierta cantidad de recursos con base en ciertas fórmulas y ciertas variables, en función del esfuerzo que se realice, y eso al final compensa el tema redistributivo.
Sin duda hay entidades que tienen capacidades institucionales, por diversas razones, mucho menores que otras, pero eso no necesariamente significa que los más capaces estén financiando a los que tienen menores capacidades porque el sistema es más rico que esta materia de participaciones federales, porque también están las aportaciones donde el gobierno federal distribuye recursos para el abatimiento de la pobreza con el objetivo de mejorar las condiciones de las entidades y los municipios para llegar a un grado de desarrollo óptimo, por llamarlo de alguna manera.
¿Qué opinas de ciertos estados que son rebeldes y critican los mecanismos actuales y se centran sólo en una parte de la ecuación?
Quizás esté un poco sesgado porque trabajé durante 15 años en una entidad federativa (CdMx) y no creo que sean rebeldes, sino más bien defienden precisamente a sus estados y esto es totalmente válido, y sin duda la búsqueda de mayores recursos fortalece eventualmente a los propios gobiernos.
Hay una exigencia, una necesidad de gasto público que hay que atender, pero lo que es oportuno mencionar es que debemos enfocarnos en la integralidad del sistema de coordinación fiscal y en ocasiones la discusión se centra sólo en algunos de los fondos que, sin duda, son muy importantes, pero si no vemos el conjunto, al final perdemos de vista grandes oportunidades que también refieren a la coordinación, colaboración y corresponsabilidad que hay en nuestro sistema. También hay esfuerzos que las entidades federativas pueden realizar para mejorar su situación en el marco de este sistema.
¿Con la nueva administración cambió la interlocución de las entidades subnacionales con las autoridades?
Es una instrucción y convicción que tenemos que mejorar y fortalecer la relación con las entidades federativas y los municipios, es fundamental. Estamos convencidos de que tenemos que empoderar a las entidades federativas y encontrar la manera de generar mejores condiciones porque estamos convencidos de un país, y no tiene que ver con que te llames A o B, sino más bien en que tenemos que construir y sumar para mejorar al país.
¿Es necesario cambiar el pacto fiscal como sugieren varias voces inconformes?
El sistema ha generado muchos beneficios al país y la situación actual refleja todo un transcurrir y un trabajo de décadas, estamos en la situación actual porque hubo grandes esfuerzos de aprendizaje y sin duda que hay áreas de oportunidad y mejora.
Hay debilidades que debemos de apuntalar y mejorar, pero viéndolo en la integralidad, para que quede claro, es un sistema nacional de coordinación fiscal que puede parecer trivial la frase, pero involucra varios conceptos fundamentales: un sistema implica un encadenamiento de estructuras, coordinación nacional y del tema de ingresos, gastos y endeudamiento público, y el sistema ha tenido muchas bondades para el país.
¿Quién o cómo se puede determinar que estados y municipios cobren más impuestos y si en la coyuntura económica actual es factible?
Los estados y municipios tienen potestades tributarias, pero hay que partir del hecho de que algunas no se están ejerciendo.
¿Pero por qué no quieren?
En ocasiones es así, y también dentro de las entidades subnacionales implica relación con el Legislativo, el poder Ejecutivo. En ocasiones hay visiones encontradas para poder ejercer algunas potestades, es decir es multifactorial el hecho de que no se ejerzan algunas potestades
¿Pero pueden supeditar el interés económico por un interés político?
Podría ser uno de los casos, insisto es multifactorial.
