La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, fue destituida del cargo, hecho que se oficializó en la Gaceta Oficial del Estado.
En un hecho sin precedentes, siete magistrados integrantes del Pleno destituyeron a la magistrada que fungía como presidenta del TSJE, importante cargo que representa al Poder Judicial de Veracruz. En su lugar fue colocada de manera provisional la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
En sesión del Pleno, que se convocó a las 8:30 de la mañana de este viernes, se incluyó en el orden del día un informe sobre las irregularidades que ha cometido la titular del Poder Judicial en los últimos 10 meses.
También se anunció la presentación de denuncias penales contra tres excolaboradores de Sofía Martínez Huerta, entre ellos: Hernán García Sobrevilla, Elisa Rodríguez Cruz, y Rosa María Jiménez Abud.
Minutos después de que se dio la destitución de Sofía Martínez Huerta y se hizo circular un video en el que se nombra a Isabel Inés Romero Cruz como la nueva presidenta del TSJE. Además, se acudió con un cerrajero para tomar posesión de la oficina de la Presidencia y un notario que dio fe de los hechos registrados.
Durante la sesión y a propuesta de la magistrada Concepción Flores Saviaga fue que se determinó realizar la separación de su cargo a la presidenta.
Refirió que al no presentarse a la sesión y al haber estado notificada legalmente, se podía considerar el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en donde se establece que: La designación de un presidente interino a cargo del pleno.
“Primero tenemos que tomar la determinación de revocarle su nombramiento de presidente por el incumplimiento de un deber legal que es la situación más grave porque no nos representa y no ha cumplido con las facultades que la Ley estableces sujetándose al marco jurídico, entonces tenemos que proceder y propongo que se le revoque su nombramiento como presidenta”, expuso.
Fue en octubre del 2019 que Sofía Martínez Huerta obtuvo el nombramiento como magistrada de parte del Congreso local, y en diciembre por mayoría de votos el pleno decidió nombrarla presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
OFICIAL EN LA GACETA
En la Gaceta Oficial del Estado se publicó el acuerdo por el que se revoca la representación concedida a la magistrada y, en consecuencia, el cargo de Presidenta que asumió en diciembre del año pasado.
En el documento se establece que: Es claro que en este caso la revocación del cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia no es susceptible de afectar la esfera jurídica de la magistrada Sofía Martínez Huerta respecto a sus derechos humanos, porque se trata únicamente de la representación del órgano jurisdiccional no de su nombramiento como magistrada.
Asimismo, se determina que la magistrada peticionaria de la revocación del cargo, en este caso Concepción Flores Saviaga, está legitimada para esa solicitud, pues forma parte de este Pleno con derecho a emitir su voto con relación con el nombramiento y en correlación con el de revocación del nombramiento de la citada magistrada como Presidenta.
“Consiguientemente se por unanimidad de votos se revoca el cargo de Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado a la Magistrada Sofía Martínez Huerta, que le fue conferido por este propio pleno en sesión del 2 de diciembre de 2019”.
Los acuerdos tomados por los siete magistrados que participaron en la sesión fueron: Revocar la representación concedida a la magistrada Martínez Huerta y, en consecuencia, su cargo como Presidenta; adscribir a Martínez Huerta a la Visitaduría Judicial a partir de este 23 de octubre; adscribir al magistrado Adolfo Cortés Veneroso a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado, a la ponencia que ocupó Martínez Huerta; y comisionar a la magistrada Florencia Cruz Fernández a la Quinta Sala a la Ponencia que ocupaba Isabel Inés Romero Cruz.
En la publicación se determina que el Tribunal es el órgano supremo del Poder Judicial del Estado y, por ende, es su obligación velar por el debido cumplimento de todas las atribuciones emanadas de la Ley Orgánica, las cuales por ningún motivo y mucho menos por aquellos de carácter meramente administrativos, deberán verse obstruidas en su prontitud y expedites.
Se indica que dicho órgano está facultado para adoptar las medidas necesarias, a fin de procurar el correcto cumplimiento, por lo que previamente en análisis de los efectos negativos palpables por la ausencia de la Presidenta en el ejercicio de sus funciones, lo que trae el incumplimiento de un deber legal, se tomó la decisión de destituirla.
Para abogados no es suficiente la remoción
Veracruz, Ver.- Para los integrantes del Colegio de Abogados Juristas de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y Xalapa, no es suficiente la remoción de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, pidieron que se le investigue por las presuntas irregularidades que habría cometido.
El presidente de esta agrupación, Ricardo Morales Carrasco, refirió que hay denuncias en contra de Sofía Martínez Huerta por supuesta malversación de recursos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial, las cuales consideró que deben continuar su curso para que se determine si incurrió en derroches.
Recordó además los señalamientos que existen en su contra por realizar cambios de personal judicial supuestamente indebidos, incluso de jueces de Primera Instancia a quienes envió del distrito de Veracruz a otros alejados.
Consideró que Sofía Martínez Huerta fue removida bajo la figura del incumplimiento del deber legal al no acudir a sesiones del Consejo de la Judicatura, sin embargo insistió que las irregularidades detectadas, deben ser investigadas.
“Estuvieron anunciando lo relativo al hecho de unas denuncias que hay por malversación de fondos del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del estado de Veracruz, donde estamos nosotros sumándonos como abogados litigantes en el hecho de pedir la rendición de cuentas (…) Se debe de investigar y estaremos puntualmente con ello, yo tengo las denuncias interpuestas, los juicios de amparo de esos jueces de primera instancia que indebidamente fueron dañados”, comentó.
Celebró la llegada de Isabel Inés Romero Cruz, como presidenta interina del TSJE y espera que en esta nueva etapa del Poder Judicial se implemente la justicia electrónica con la finalidad de agilizar la resolución de los casos.
“Me da gusto, públicamente lo digo, de que todo vuelva a su cauce normal, le deseo lo mejor a la nueva presidenta en todas las gestiones que haga y ojalá que ponga orden en el Poder Judicial”, agregó.
Designación de Inés Romero no se revertirá
La magistrada Concepción Flores Saviaga aseveró que la revocación de la magistrada Sofía Martínez Huerta de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado fue apegada a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Indicó que la designación de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz como presidenta interina no se revertirá, pues las acciones realizadas por el Pleno de los magistrados estuvieron basadas en el artículo 89 de la norma interna del organismo.
Refirió que, entre otras acciones, Martínez Huerta decidió no convocar a sesiones del Pleno, hecho que fue solicitado por los magistrados desde agosto pasado y por lo cual se consideró que actuó al margen de la ley.
Destacó que ya se habían presentado algunos recursos en contra de Martínez Huerta, dada sus omisiones como Presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
“Convocamos a los Magistrados, a todos los integrantes del Pleno para que se llevara a cabo la sesión precisamente porque es insólito que la Presidenta haya rendido protesta para cumplir y hacer cumplir la Ley y no la cumpla”, dijo.
Destacó que todo el procedimiento está justificado, por lo que no hay manera de que la magistrada impugne su destitución, “nosotros actuamos conforme a derecho, es importante e indispensable que el Poder Judicial trabaje en la profesionalización, capacitación técnica y actualizar la administración de justicia digital, esperamos que con este cambio se logren estas acciones”.
Necesario tomar en cuenta al personal: Inés Romero
La magistrada presidenta interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, aseveró que se buscará combatir la corrupción que ha permanecido al interior de este organismo.
Tras tomar protesta como representante del Poder Judicial, indicó que a partir de su nombramiento se generará una nueva etapa en la que se incluye dar oportunidades a los empleados con trayectoria para que crezcan en su carrera judicial.
Manifestó que es necesario tomar en cuenta al personal, sobre todo a los oficiales administrativos, proyectistas y personas que tienen 20 o 30 años de labor y no se les ha dado la oportunidad de crecer.
“Uno de mis deseos es transformar al Poder Judicial, se debe tomar en cuenta a todos los trabajadores y apoyarlos en las capacitaciones, también quiero que hagan conciencia y hacer conciencia en ellos de que la corrupción no se puede permitir”, dijo.
Manifestó que una de sus tareas será combatir el rezago que existe en las diferentes áreas del Tribunal: “Buscaremos abatir el rezago que creció a causa de la pandemia por el coronavirus, una de nuestras metas será dar paso inmediato a la implementación de la justicia digital”, expuso.
En torno a los señalamientos de corrupción al interior de este Poder, aseveró: “tenemos servidores públicos honestos y comprometidos con la impartición de justicia, gente muy responsable, no podemos generalizar, pero sí decimos que actuaremos en consecuencia cuando quede acreditado que algún servidor público actuó fuera de la Ley”.
Remoción provoca reacciones
La remoción de la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado generó opiniones encontradas entre los abogados, pues algunos consideraron que el Pleno no cuenta con atribuciones para destituirla y otros argumentaron que ante su deficiencia en el trabajo no podría sostenerse en el cargo.
El abogado Tomás Mundo Arriasa aseveró que los magistrados incurrieron en una irregularidad, incluso el delito de coalición, al confabularse para removerla.
Consideró que fue ilegal y un “desconocimiento brutal del derecho”, ya que si la magistrada presenta denuncias se podría acreditar el delito de coalición.
Manifestó que, además, se podría sancionar por autoría y participación a quienes acudieron a la reunión de trabajo en la que se le destituyó, “ya mandaron un mensaje equivocado que el derecho no importa, que van a imponer a quien tengan que imponer, así como ocurrió en la Fiscalía”.
Consideró que se tendrá que exigir que se respete el estado de derecho, sin embargo, dijo, que los dos órganos encargados de impartir y procurar justicia son ilegítimos porque surgen de procesos de elección al margen de la ley, “a pesar de eso hay que presentar denuncias”.
El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos, mencionó que fueron muchas las deficiencias de las que se acusó a la expresidenta, pues incluso, incurrió en el incumplimiento de un deber legal al no presentar una acción de inconstitucionalidad ante el nombramiento de seis nuevos magistrados de parte del Congreso local.
Destacó que también debe esclarecer cómo se gastó 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar, que manejó de manera unilateral desde hace meses, cuando determinó desconocer al Consejo de la Judicatura, órgano responsable de validar el gasto de esos recursos.
Consideró que como Presidenta no contaba con la facultad de poder cambiar a los magistrados presidentes de las Salas, tal y como lo quiso hacer, por lo que el actuar de siete de los ocho presidentes representados en el Pleno fue válido.
“La decisión tomada por los magistrados se tendrá que respetar, ahora vamos a exigir que inicien las denuncias correspondientes de las irregularidades que se llevaron a cabo al interior del poder judicial”, expuso.
El abogado Celestino Espinoza Rivera, reconoció que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la Constitución Política local establece atribuciones al Pleno para remover a la Presidenta; sin embargo, se aplicó la máxima de quien puede lo más, puede lo menos.
“Al ser la remoción un castigo debería estar fundado. El Poder Judicial es autónomo y se rige internamente, pero las causas de remoción no están en la Ley Orgánica, ni en la Constitución ocurre lo mismo que el Fiscal, está determinado por responsabilidad y por juicio político”, opinó.
En su opinión, era viable solicitar la declaración de procedencia, a fin de que respondiera por las irregularidades que se le señalan, pero lo ideal hubiera sido aplicar un juicio político para lo que era necesario que alguien solicitara su remoción.
En tanto, el abogado Arturo Nicolás Baltazar aseguró que era insostenible la permanencia de Sofía Martínez, quien, por dignidad, debió haber renunciado a su cargo por no contar con la experiencia y capacidad para cumplir con la impartición de justicia.
Mencionó que el trabajo de los integrantes del Pleno no fue apegado a derecho, pero sí la mejor opción ante los errores que se estaban cometiendo en el Poder Judicial y que salen muy caros a los veracruzanos.
“Lo procedente ahora es que se dé seguimiento para poderla mover de la magistratura, por lo que se tiene como vía jurídica el juicio de procedencia y la declaración de procedencia”, expresó.
Reconoció que la magistrada puede recurrir a un amparo, pero no es lo más recomendable, dado que sólo se entraría en una disputa que terminará de socavar la estructura del Poder Judicial.
Sofía Martínez acusa amenazas del Secretario de Gobierno
La magistrada Sofía Martínez Huerta, quien fue destituida del cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aseguró que el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la amenazó para dejar el cargo, por lo que lo responsabilizó de lo que le pueda ocurrir a ella o su familia.
En entrevistas con Joaquín López Dóriga, señaló de forma directa al presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, y al Secretario General del Congreso local, Domingo Bahena Corbalá, de pedir su destitución ilegal como presidenta del Poder Judicial.
“Hago pública responsablemente al Secretario de Gobierno, al coordinador de la Jucopo, Javier Gómez Cazarín, al Secretario del Congreso, Domingo (Bahena Corbalá), puntualmente sobre los que digo porque quien tenga que pagar, tendrá que pagar, pero si algo le pasa a mi familia, la verdad voy contra ellos, los denuncio públicamente”, dijo.
Además, acusó que tras ser destituida solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección, mismo que no recibió.
“Inclusive ningún apoyo he recibido de Seguridad Pública, lo pedí en la mañana para que me ayudaran a resguardar, tampoco atendieron mi llamado, pero sí voy a hacer todas las acciones jurídicas y no me voy a dejar”, expuso.
La magistrada aseguró que el Pleno no tiene las atribuciones para removerla, ya que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo les permite nominarla, pero no revocar su mandato.
Se dijo sorprendida de que expertos en derecho se prestarán a una situación al margen de la ley, en un día inhábil que se diera la invasión de su oficina ante un Notario Público.
“Soy una mujer con principios, que trabaja, honorable, mi honorabilidad la voy a limpiar y voy a salir al frente de todo, no es posible que un grupo de personas misóginas que no quieren a las mujeres no nos dejen trabajar, esos tiempos son arcaicos, ahora hay que dar lugar a todo tipo de personas que tengamos un trabajo honorable y que nos dejen trabajar”, agregó.
Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa