Veracruz, Ver.-Abogados de Veracruz celebran que el Gobierno del Estado haya aceptado la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para derogar la gravedad del delito de ultrajes a la autoridad.
Sin embargo, señalan que sigue siendo una medida insuficiente, ya que dicho delito seguirá existiendo en el Código Penal del Estado de Veracruz, cuando en otras entidades del país se encuentra erradicado.
Braulio Terán, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, menciona que con la recomendación de la CNDH se logra que las personas que sean imputadas por dicho delito, puedan enfrentar su proceso en libertad y ya no en la cárcel, como se ejerce actualmente.
El especialista detalla que los legisladores tendrán que realizar las reformas para que el artículo relativo a dicho delito sea redactado de tal forma que se defina como un delito no grave y no se aplique prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar.
“Lo que se va hacer es una modificación, una reforma al artículo, lo que van hacer precisamente es quitarle la parte taxiológica y la parte que le daba la gravedad al delito. Primero la parte de la redacción, la que nosotros ubicamos de cómo encuadra el delito, eso lo van a ubicar en un delito menor, como lo teníamos”.
Con las reformas, señala que se tendrían sanciones de tres meses a dos años de prisión, lo que permitirá que los acusados puedan cubrir esas sentencias con el pago de multas administrativas para no pisar la cárcel.
En ese sentido, el abogado dice que además de esta modificación los Colegios y asociaciones de abogados buscarán que el delito sea eliminado más adelante, para que no se contemple dentro del Código Penal del Estado.
“Si existen otros delitos que se encuadran perfectamente y no necesariamente tienen que denominarse ultrajes a la autoridad, porque obviamente la agresión existe para todos, no se tiene que ser autoridad para que se juzgue diferente.”
Por su parte, el presidente del Foro de Especialistas, Licenciados, Maestros y Doctores en Derecho, Octavio Pozos Marín, indica que será importante que cuando el Congreso del Estado haga las modificaciones al artículo correspondiente, se pida la retroactividad para liberar a quienes están en la cárcel por el delito de ultrajes a la autoridad.
“Eso es algo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha peleado mucho, que el ciudadano pueda llevar un proceso en su contra en libertad y eso es precisamente lo que ha hecho la Comisión Nacional y las comisiones estatales con la finalidad de que el ciudadano no sea detenido”.
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Pozos Marín afirma que el hecho de que este delito amerite prisión preventiva como se aplica hasta ahora, genera una carga económica al Estado que podría canalizarse a otras áreas de la impartición de justicia.
El especialista dice que con la sanción mínima se garantizará que quienes sean culpables del delito puedan cumplir con la reparación del daño con una compensación económica, pero no enviando a la cárcel a las personas porque es una medida contraria al objetivo del sistema penal acusatorio.
“Al que le cuesta es al Estado, millones de pesos teniendo a las personas detenidas injustamente, cuando pueden llevar procesos que pueden tardar hasta tres o cuatro años, y tener a una persona así es muy costoso para el estado”, concluye.
