Xalapa, Ver.-Diputados de oposición aseguran que buscarán derogar o, por lo menos, buscar que el delito de ultrajes a la autoridad vuelva a ser tipificado como delito menor que le permita al imputado llevar su proceso en libertad.

Previo a la reforma al artículo 331 del Código Penal, aprobada en marzo pasado, se establecía que este delito sería castigado con una pena de seis meses a dos años como máximo, ya que se consideraba un delito menor.

Sin embargo, actualmente en el segundo párrafo de dicho artículo que se busca abrogar se establece que: Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 40 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Asimismo, se indica que dicha sanción se aplicará al responsable del delito en cualquiera de los supuestos siguientes: Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito; o se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

El pasado 9 de diciembre el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó iniciativa con proyecto de decreto con el que busca deroga el segundo párrafo del artículo 331 del Código Penal del Estado.

Ese mismo día ingresó al pleno del Congreso local una petición firmada por abogados representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados de Veracruz en el mismo sentido.

Además, el pasado 14 de diciembre el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y en Defensa de los Derechos Humanos envío una solicitud al Congreso local para modificar la medida cautelar aplicada por el delito de ultrajes a la autoridad.

A todo ello, se le suma el exhorto que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, envió al Congreso local para modificar el delito de ultrajes a la autoridad.

Bienvenido todo lo que sume

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, aseguró que continuará impulsando su propuesta, por lo que es bienvenido todo y todos los que se sumen.

Nosotros estamos buscando que el delito se tipifique como menor, que se regrese a como estaba y se le agregan los agravantes a favor de los policías en caso de algunos supuestos, ya que no se debe dejar desprotegido al servidor público

Refirió que estará pendiente de las propuestas que tengan los abogados, a fin de mejorar la iniciativa y lograr la aprobación de los demás legisladores.

“Confiamos en la sensibilidad del gobierno del Estado y en que se considere las manifestaciones que se han hecho de parte de la ciudadanía por la reforma, ya que se considera que se está perjudicando al ciudadano con la presunción de inocencia”, expuso.

Recordó que se tiene el apoyo de las barras de abogados, notarios, senadores y notarios, quienes ya se han manifestado en contra de esta reforma, “tenemos la confianza de que se puedan integrar nuevos elementos con el apoyo de las barras de abogados y pueda pasar al pleno lo más pronto posible, estaremos esperando que se dictamine”.

Garantías en el actuar de los policías

La diputada presidenta de la comisión permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, Anilú Ingram Vallines, manifestó que se debe garantizar a la sociedad que los elementos policiacos actúen correctamente ante el delito y así evitar los ultrajes a la autoridad; respetando de esta manera los derechos humanos de ambas partes.

Consideró que dicha modificación legal es perfectible y se debe trabajar en garantizar el respeto a los derechos humanos, tanto a la ciudadanía como a los elementos de Seguridad Pública.

“No perdamos de vista que a los cuerpos policiacos les corresponde, en el mayor de los casos, hacer las detenciones: es quien remite a las personas detenidas y, en sus partes oficiales, consigna a las fiscalías la presunta comisión del delito de ultrajes a la autoridad. Por eso debemos trabajar de manera conjunta”, expresó.

Aunado a lo anterior, comentó, hay que tomar en cuenta también que actualmente existe la acción de inconstitucionalidad 59/2021 contra el Código Penal de manera específica la que controvierte el delito en comento, está siendo substanciada en la SCJN. Por ende, se encuentra vigente y es de aplicación general.

“Es prioritario analizar este tema, bajo el compromiso de esta soberanía de legislar a favor de los ciudadanos y de las autoridades”, agregó.

Modificaciones fueron graves

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Nora Jessica Lagunes Jáuregui, recordó que durante la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Penal para el Estado, el pasado 11 de marzo, el grupo legislativo al que pertenece hizo reservas en la tribuna, previo a la votación.

“Desde el momento en que se puso a discusión esta reforma al Código Penal en el PAN consideramos como graves las modificaciones al mismo, sobre todo por la sanción por amenazar o agredir a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, dijo.

Puntualizó que desde tribuna se ha expuesto la preocupación de la bancada albiazul en un asunto “tan grave como este, donde claramente quedó de manifiesto la intención del gobierno Estatal por instaurar un régimen represivo”.

Dejó en claro que en ningún momento se estuvo en contra de proteger a los elementos de seguridad pública, pero sí se rechazó la decisión de transgredir a los ciudadanos con dicha reforma.

Días después, expuso, diputadas y diputados de diversos partidos políticos presentamos una acción de inconstitucionalidad, en contra de normas generales emitidas por el Congreso local, al considerar necesario y urgente defender la Constitución y los Derechos Humanos de los Veracruzanos, así como la legalidad y el respeto a la libertad de expresión.

A esta acción de inconstitucionalidad se sumó otra más presentada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como la denuncia pública que han hecho desde el Senado el PAN, y los demás partidos políticos, incluso Morena.

Desde el PAN seguiremos pugnando porque se logre derogar esta modificación al Código Penal para que se garantice la libertad de expresión y sobre todo no se vulneren los derechos humanos en Veracruz

Pone en indefensión a la ciudadanía

El vicecoordinador de la bancada del PAN, Bingen Rementería, consideró que las múltiples peticiones que se han hecho para derogar el delito de ultrajes a la autoridad se debe a que es un delito que pone en indefensión a quien presuntamente lo comete.

Lamentó que sea nueve meses después de la modificación al Código Penal que un representante de Morena, en este caso Ricardo Monreal Ávila, ponga el tema sobre la mesa.

“Desde que se propuso la reforma estuvimos en contra, pero por ser oposición y minoría no fuimos tomados en cuenta. Me da mucho gusto que hoy se esté tomando en cuenta porque viene de alguien de su propio partido, lamentamos que cuando viene de la oposición o de algún partido distinto a Morena no sea considerada la opinión emitida”, expuso.

Destacó que el senador no sólo tiene la oportunidad de enviar un exhorto para que sea revisado por la Junta de Coordinación Política, sino también tiene el derecho de enviar una iniciativa para la derogación del delito.

En su opinión, el delito está siendo utilizado para amedrentar y coaccionar no sólo a funcionarios o miembros de partidos distintos a Morena, sino también a la ciudadanía en general, de ahí la urgencia de que esta medida se regule.

Abogados buscan que el delito de ultrajes a la autoridad sea abrogado

Por considerarlo gravoso, excesivo y sin permitir a los imputados la oportunidad de defenderse, abogados de Veracruz buscan que el delito de ultrajes a la autoridad, que fue reformado en marzo de 2021 sea abrogado de la Constitución Política de Veracruz.

Al respecto, Mario Alberto López de Escalera, coordinador general del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, señaló que desde el área de defensa se considera a este delito como una oportunidad para el registro de casos de abuso de autoridad.

Refirió que, tras una reunión, 16 organizaciones firmaron el documento de petición para abrogar el artículo 331 del Código Penal, mismo que fue entregado al Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la oficina del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Recordó que en el Código Penal local mencionado delito tenía una sentencia de seis meses a dos años, así como una pena de 40 salarios mínimos; sin embargo, se adicionaron algunos puntos para que se convirtiera en delito grave y se aplicara la prisión preventiva oficiosa de cinco a siete años.

“Es gravoso y excesivo lo que hizo el Congreso pasado al modificar este delito en el Código Penal. Lo que se busca es abrogar el delito o, en su defecto, disminuir la pena que consideramos lesiva para la población”, expuso.

Consideró que con la aplicación de dicho delito se considera que es la palabra de los policías contra la de la persona que es amonestada y, sin las pruebas suficientes, se puede aplicar un delito grave que requiere prisión preventiva oficiosa.

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“Cualquier persona puede tener una discusión con la autoridad y por eso se puede aplicar el delito y sin la posibilidad para defenderse, no estamos en contra del gobierno, ni de las políticas públicas de seguridad, al contrario, sabemos a lo que se expone el policía, el tránsito, sabemos que las cosas son difíciles, pero no queremos que el delito sirva para que se aprovechen de su autoridad y puedan extorsionar a la población”, comentó.

Refirió que ya se tuvo acercamiento con algunos legisladores, así como con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, quien les externó la preocupación de las autoridades por lograr que los elementos policiacos sean respetados al momento de realizar su labor.

Estamos a favor de la autoridad, coadyuvamos para que se le respete, pero no vamos a permitir que se aproveche el delito para hacer otras cuestiones. Tendremos una reunión con el titular de Seguridad Pública y ahí le externaremos todas nuestras peticiones, estamos seguros que a través del diálogo se pueden lograr varias cosas

Puntualizó que aunque no se tiene una estadística o dato concreto sobre el número de personas que han sido señaladas por el posible delito, sí se han tenido “varios” clientes por este tema.

“No se tiene el dato con precisión, pero me han comentado algunos presidentes que a varios de sus clientes les ha pasado que los policías llegan con prepotencia y se quieren aprovechar del delito, por lo que se quedan callados, ya no se ponen a argumentar porque esto se puede prestar para aplicar el delito, me parece que sí hay un sometimiento, la autoridad sabe que el delito es grave y por eso hay esta demanda”, dijo.

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Lanzó una invitación para que los abogados, colegios y barras que se quieran sumar a este proyecto se acerquen e incluso presenten las propuestas que tienen al respecto.

Finalmente, pidió a los legisladores y al titular del Ejecutivo escuchar las voces de los litigantes y analizar la propuesta presentada para abrogar el delito o, bien, volver a establecer las sanciones que se le asignaban previo a la reforma al Código Penal.