Durante el último trimestre de 2022, en la entidad veracruzana se registraron al menos 13 agresiones armadas a establecimientos de pequeños y medianos comercios y 3 agresiones a viviendas de propietarios de este tipo de negocios. En la mayoría de los casos, estas agresiones estuvieron expresamente vinculadas al cobro de piso, uno de los negocios cada vez más rentables del crimen organizado.
Lo anterior fue documentado en un estudio realizado por el Programa de Políticas de Drogas del CIDE (Centro de Investigación y Docencias Económicas AC), a través del Monitor de Fuentes Abiertas, que analiza la violencia y su comportamiento desde un enfoque local con información de medios periodísticos nacionales y locales.
¿Qué es el cobro de piso y cuales fueron los negocios más vulnerables a este?
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Los resultados de la investigación publicada el pasado 17 de febrero, apuntan que en Veracruz, el cobro de piso, entendido como “la relación tributaria” sostenida a largo plazo en la que los victimarios cobran una “renta” a las víctimas a cambio de una “protección” en contra de la violencia que ellos mismos amenazan con generar, es una de las actividades criminales más rentables y comunes.
“La protección, un bien público que debería otorgar el Estado, se ha convertido en un bien que incluso la pastelería, la tiendita de la esquina y el taller mecánico, sin distinción, deben de adquirir”, apunta el informe especial sobre el estado de Veracruz.
De acuerdo con el Monitor de Fuentes Abiertas del Programa de Política de Drogas (PPD), entre los negocios que fueron agredidos en la entidad, en los últimos tres meses del año pasado, se encuentra una tienda de abarrotes, una pollería, una pastelería y una tienda de motorefacciones. Estas agresiones estuvieron relacionadas con el cobro de piso.
De manera principal, el municipio de Acayucan ha sido el escenario de esta actividad criminal. De las 13 agresiones, 6 tuvieron lugar en este municipio. “Incluso, se ha señalado el nacimiento y la presencia del “Cártel Nuevo Veracruz”, el cual solicita a los dueños de los comercios que se comuniquen con ellos y que realicen aportaciones “de buena fe y para su seguridad”, revela la investigación del CIDE.
De lo anterior, explica la investigadora Monserrat Carrasco Olvera, resulta interesante que 9 de las 13 agresiones a los establecimientos, así como las 3 agresiones a viviendas de propietarios, solamente tuvieron como objetivo la fachada de los inmuebles.
Parece entonces que estos ataques equivalen a un recordatorio de que la “protección” es un “impuesto” o “costo fijo” que se debe pagar. O bien, a una muestra para el restante de los negocios, de lo necesario que resulta cubrir “la cuota”, pues de no ser así, los comercios se vuelven susceptibles a un mal que los mismos “protectores” son capaces de emanar.
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Es decir, los mismos ofertantes crean el escenario perfecto para estimular la adquisición de un bien necesario: la protección.
Ahora bien, el cobro de piso y las agresiones armadas derivadas del incumplimiento de esta “relación tributaria” se desarrollan de por sí en un contexto inconveniente para los pequeños y medianos negocios.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la esperanza de vida de un establecimiento al nacer en Veracruz es una de las más bajas a nivel nacional, con 7.4 años. Por debajo de esta cifra sólo se encuentra el estado de Tamaulipas, con 7.2 años.
“En este contexto, el cobro de piso representa una amenaza para el desarrollo del comercio en Veracruz”, advierte el estudio.
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Ante ello subyace la necesidad de una política de seguridad integral, pues “para el establecimiento de la relación cobro de piso-protección es central la construcción de un ambiente violento que estimule la necesidad de protección y, con ella, aceptar la oferta de este proveedor criminal de protección”, apunta el informe.
El trabajo de investigación refiere que Veracruz no sólo se ha destacado por altas tasas de homicidio, también por ser uno de los estados con mayor número de atrocidades. En donde impera un ambiente de criminalidad y atrocidad, estos tipos de actividades criminales resultan mayormente rentables y, con ello, el perfil mítico de la víctima parece desdibujarse.
Además, destaca, el mito de que las actividades del crimen organizado solamente afectan a los grupos empresariales y sociales con mayor poder económico, o a los grupos criminales entre sí, parece cada vez más errado. “La diversificación de sus actividades, y el terror que emanan de ellas, afectan a todas las esferas sociales del país, haciendo cada vez más difícil elaborar un perfil de las víctimas”, concluye
Nota originalmente publicada en Diario de Xalapa
