Aunque Veracruz está por debajo de la media nacional en registros de discriminación laboral por embarazo se debe insistir en brindar información para disminuir esta problemática, declara la investigadora de Early Institute, Renata Díaz Barreriro.
La integrante de la Asociación Civil advierte que este tipo de discriminación incrementa riesgos laborales que pudieran repercutir en la salud física y mental tanto de la madre como de sus hijas e hijos por nacer
En encuesta realizada para saber cuál es la percepción de las mujeres sobre este problema, manifiesta que 16.1 por ciento de las veracruzanas que trabajaron fuera de su hogar en los últimos cinco años manifiesta haber sufrido alguna forma de discriminación.
Entre las conductas detectadas enumera despido, solicitud de prueba de gravidez, negación de ascenso, reducción de salario y negar la posibilidad de ir al baño o sentarse, e imponer labores que ponen en riesgo la salud de la mujer y su bebé.
Explica que algunos empleadores identifican a la maternidad como una "desventaja" en el trabajo, en comparación con los hombres, quienes son asociados con ser más comprometidos si están casados y son padres.
Renata Díaz Barreriro detalla que “Discriminación Laboral por Embarazo” es la primera parte del proyecto “Prácticas que vulneran la maternidad en México”, cuya misión es generar recomendaciones de política pública.
Para describir la magnitud del problema en México, explica que un grupo de investigadores revisó diversas fuentes de información como la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), donde el 51 por ciento de las encuestadas reportó haber tenido un empleo en los últimos 5 años.
De este porcentaje, el 17.3 por ciento sufrió alguna forma de discriminación laboral relacionada al embarazo, al 11.5 por ciento le pidieron una prueba de embarazo para acceder a un trabajo y al 3.6 por ciento, para poder continuar con su trabajo.
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La investigadora considera fundamental hacer visible qué es una discriminación, pues hay quienes aún no lo saben y por eso no lo verbalizan ni lo denuncian.
Señala que en el país existen diversas leyes que prohíben y sancionan conductas discriminatorias, así como instancias donde las personas afectadas pueden denunciar.
“Es evidente la falta de capacitación y sensibilización de las autoridades para prevenir y resolver esta situación y el desconocimiento que hay sobre el impacto que genera tanto en los bebés que están por nacer, como en las mujeres trabajadoras”, expresa.
En ese sentido, apunta que sí es posible prevenir y erradicar esta discriminación con estrategias, políticas públicas integrales y con perspectiva de derechos humanos.