Durante 2020, 19 mil 417 mujeres de 12 a 17 años de edad estaban casadas o vivían en unión libre en el estado de Veracruz, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estas cifras reflejan que el fenómeno de matrimonio infantil, una práctica tradicional nociva, sigue siendo una realidad en la entidad y en nuestro país.
Para detener las uniones ilegales e informales de menores, el gobierno federal publicó el pasado martes 25 de abril, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Código Penal Federal con la que se castiga hasta con 22 años de prisión, la cohabitación forzada de menores de edad.
En consecuencia, a partir de este miércoles 26 de abril, entró en vigor en todo el país, la reforma que sanciona “la cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”.
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El artículo 209 Quater establece que comete el delito de cohabitación forzada de menores, “quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio”.
Asimismo indica que “al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. La pena prevista se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.”
Con ello se busca frenar esta práctica extendida en todo el país, donde las personas menores de 18 años, principalmente niñas y mujeres adolescentes, son obligadas o manipuladas para adoptar modos de vida idénticas a un matrimonio o la unión conyugal de manera ilegal.
¿Cuántas menores en Veracruz viven casadas o unidas?
A pesar de que desde 2019, de manera formal, en todo el país, los códigos penales estatales prohiben expresamente el matrimonio infantil, las uniones entre menores y adultos siguen siendo un problema preocupante en el país.
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), con información del Inegi, la mayor cantidad de mujeres de 12 a 17 años casadas o unidas durante 2020 habitaba en Estado de México, Chiapas y Veracruz. En estas tres entidades residía una de cada cuatro mujeres adolescentes casadas o unidas durante 2020.
En el mismo año, los municipios del país que presentaban mayores porcentajes de mujeres de 12 a 17 años casadas o unidas fueron La Pe (Oaxaca), Mitontic (Chiapas), Santiago Ixtayutla (Oaxaca), San Vicente Coatlán (Oaxaca) y Soledad Atzompa (Veracruz).
En el estado de Veracruz, los 15 municipios que concentraron mayor porcentaje de mujeres de 12 a 17 años casadas o en unión libre respecto del total de su población son: Soledad Atzompa, Pajapan, Texcatepec, Saltabarranca, Tenampa, Mixtla de Altamirano, Coscomatepec, Acajete, Mecayapan, San Andrés Tuxtla, Tlacolulan, Hueyapan de Ocampo, Atalahuilco, Carrillo Puerto y Acultzingo.
Mientras que en cantidad de niñas y mujeres menores de edad casadas o en unión libre, las cifras se concentraron en los municipios de San Andrés Tuxtla (836), Veracruz (650), Xalapa (462), Coscomatepec (447), Papantla (372), Las Choapas (355), Perote (305), Coatzacoalcos (282), Álamo Temapache (282), Martínez de la Torre (259), Altotonga (253), Córdoba (251), Hueyapan de Ocampo (234), Soledad Atzompa (233), Pánuco (230), Atzalan (228), Soteapan (224), Tezonapa y Jalacingo (215), Minatitlán (202) y Santiago Tuxtla (202).
¿En qué municipios se dan estas prácticas?
Cabe precisar que, sin excepción, todos los municipios veracruzanos presentaron casos de niñas y mujeres menores de edad casadas o en unión libre.
Los municipios que registraron el menor número de mujeres menores en matrimonio fueron Landero y Coss (con 3), Acatlán y Sochiapa (7), Chiconamel y Tuxtilla, con ocho menores, cada uno.
Expertos en Derechos de la Infancia y de Estudios de Género coinciden en señalar que el fenómeno de los matrimonios infantiles es una expresión de la desigualdad de género y una consecuencia de las brechas económicas, de ahí que el problema se focalice en niñas y mujeres adolescentes, y también en pueblos o comunidades indígenas.
Destacan que esta práctica tradicional nociva puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de las niñas, incluyendo un mayor riesgo de violencia, embarazo temprano y abandono escolar.
En muchas ocasiones, las afectaciones se presentan no sólo en el cuerpo, también en el proyecto futuro de las niñas y mujeres adolescentes, por lo que se requiere frenar este fenómeno con marcos normativos, programas y el empoderamiento de este sector poblacional.
Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa