En Veracruz, el embarazo infantil sigue siendo un problema grave y persistente. Entre 2021 y 2023, se registraron 2,051 embarazos en niñas menores de 15 años, de los cuales solo 28 culminaron en una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esto significa que solo una de cada 73 niñas víctimas de violencia sexual logró acceder a la interrupción de su embarazo, según datos de la organización Equifonía AC.
Equifonía AC, a través de su trabajo de difusión y acompañamiento de víctimas, ha documentado diversos casos de niñas menores de 15 años que han quedado embarazadas como resultado de violencia sexual. La ley establece claramente que no existe consentimiento válido en estas edades, por lo que todo embarazo infantil es producto de un delito.
A diferencia del embarazo adolescente, que se refiere a jóvenes entre 15 y 19 años, el embarazo infantil afecta a niñas menores de 15 años y siempre es el resultado de un delito, pues en este rango de edad no existe la posibilidad de consentimiento.
En Veracruz, los municipios con mayor incidencia de nacimientos en niñas entre los 9 y 15 años de edad durante 2023, son Veracruz (21), San Andrés Tuxtla (21), Coatzacoalcos (19), Acayucan (18), La Perla (17). Las Choapas (15), Coscomatepec (14), Xalapa (14), Soteapan (14), San Juan Evangelista (13), Papantla (13), Sayula de Alemán (12), Soledad Atzompa (10), Altotonga (10) Hueyapan de Ocampo (9), Martínez de la Torre (9), Perote (9), Córdoba (8), Camerino Z. Mendoza (7) y Catemaco (7).
En este contexto, cada caso de embarazo infantil en Veracruz es un recordatorio de la violencia sexual que aún persiste en el estado.
Obstáculos para el acceso a la IVE
El acceso a la IVE para niñas víctimas de violencia sexual enfrenta múltiples barreras en Veracruz. La detección temprana del embarazo es complicada, especialmente cuando se trata de violencia sexual dentro del núcleo familiar.
Muchas veces, las víctimas son amenazadas para que guarden silencio, y cuando las familias detectan el embarazo, no saben cómo proceder o a dónde acudir. Araceli González Saavedra, integrante de Equifonía AC, subraya la necesidad de informar a la sociedad sobre esta problemática.
La organización ha señalado la falta de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y los Servicios de Salud de Veracruz como un obstáculo crítico. Por ley, las instituciones de salud deben notificar a la Fiscalía cuando atienden a una niña embarazada, pero frecuentemente, la Fiscalía no cumple con su deber de seguimiento, lo que niega a las niñas el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
Ante ello, señala González Saavedra, es prioritario profesionalizar al personal de la Fiscalía y garantizar la coordinación interinstitucional en todos los casos que son atendidos en los hospitales o centros de salud.
“Muchas veces, esta es la única ventana de oportunidad que tienen las víctimas para que las instituciones intervengan y protejan sus derechos”, subraya.
Campaña “Protejamos a las niñas”: un esfuerzo para erradicar el embarazo infantil
En 2016, Equifonía AC solicitó una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Veracruz por agravio comparado, enfocada en el acceso a servicios de aborto seguro y la reducción de la mortalidad materna. Durante el análisis de los datos oficiales, la organización identificó la necesidad de desagregar la información sobre embarazos adolescentes para visibilizar los casos específicos de niñas menores de 15 años, una población especialmente vulnerable.
Te puede interesar: Delitos contra la mujer supera la protección de autoridades en Veracruz
Desde entonces, Equifonía AC ha trabajado con municipios prioritarios, aquellos con mayor incidencia de nacimientos en niñas entre 9 y 14 años, como Xalapa, Córdoba, Veracruz, Coatzacoalcos, Papantla, Martínez de la Torre, Altotonga, San Andrés Tuxtla y Coscomatepec.
La colaboración con estos gobiernos municipales busca reducir la incidencia del embarazo infantil, capacitando a funcionarios locales y brindando acompañamiento a las víctimas.
La importancia de las procuradurías municipales
Las Procuradurías Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes juegan un papel fundamental en la atención de los casos de violencia sexual. Estas instituciones tienen la facultad de intervenir en casos de violencia sexual, brindando asesoría legal y apoyo integral a las víctimas. Es especialmente importante en situaciones donde el agresor es un familiar cercano, lo que complica la denuncia y el acceso a la justicia.
Equifonía AC ha asesorado a los ayuntamientos sobre el marco legal vigente, los procedimientos establecidos en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), y cómo coordinarse con otras instituciones para garantizar el acceso a servicios de salud, justicia y reparación del daño.
La organización también capacita a adolescentes y familias para que comprendan sus derechos y sepan cómo actuar en casos de violencia sexual.
Desafíos y propuestas para el gobierno estatal
A pesar de los esfuerzos de organizaciones como Equifonía AC, el gobierno estatal de Veracruz ha mostrado una preocupante falta de compromiso con la erradicación del embarazo infantil. Durante el primer año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la organización solicitó una audiencia para exponer políticas públicas que abordaran esta problemática, pero nunca recibieron una respuesta.
La negativa del gobierno estatal a implementar la "Ruta para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de 15 años", propuesta por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ha dejado a Veracruz rezagado en la atención del embarazo infantil.
Esta inacción ha contribuido a que el estado ocupe el tercer lugar a nivel nacional en incidencia de embarazos infantiles.
“Además, no existe una campaña estatal que promueva la erradicación de este problema. De hecho, ni siquiera se ha difundido información que aclare la diferencia entre embarazo infantil y adolescente”, señala González Saavedra.
Equifonía AC insiste en la necesidad de que el gobierno estatal asuma su responsabilidad y lance campañas informativas que expliquen los derechos de las víctimas y los servicios disponibles. También es crucial que se asignen recursos suficientes a las fiscalías y procuradurías para que puedan monitorear el cumplimiento de las leyes y proteger a la infancia de manera efectiva.
Pese a las reformas al Código Penal que buscan facilitar el acceso a la IVE para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la implementación de estas leyes sigue siendo deficiente.
La participación de los jóvenes
A pesar de los desafíos, Equifonía AC ha encontrado un aliado importante en la juventud veracruzana. En municipios como Coscomatepec, los adolescentes han participado activamente en la difusión de información sobre embarazo infantil y adolescente, creando contenidos como podcasts y organizando debates en sus comunidades.
Esta participación juvenil es esencial para romper el ciclo de violencia y desinformación que perpetúa el embarazo infantil. La educación y la sensibilización son claves para empoderar a las nuevas generaciones y hacer frente a una problemática que ha sido normalizada durante décadas.
La organización enfatiza la importancia de continuar trabajando con los adultos para romper con la normalización de la violencia sexual de niñas y adolescentes. La colaboración entre jóvenes y adultos es esencial para avanzar en la erradicación del embarazo infantil en Veracruz.
La urgencia de una coordinación efectiva y recursos adecuados
La falta de coordinación entre las autoridades competentes y la insuficiencia de recursos en las procuradurías y fiscalías locales han sido obstáculos significativos en la lucha contra el embarazo infantil en Veracruz. Sin una respuesta institucional adecuada, muchas familias se ven obligadas a desistir de buscar justicia, lo que perpetúa el sufrimiento de las víctimas.
Más información: Matrimonio infantil: una realidad en la entidad y en nuestro país
Equifonía AC subraya que obligar a una niña de 10 años a continuar con un embarazo producto de violencia sexual es una forma de tortura. Es imprescindible que el gobierno estatal de Veracruz implemente campañas educativas, garantice la coordinación interinstitucional y destine recursos suficientes para proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual.
La próxima administración estatal tiene la oportunidad de corregir estos errores y trabajar de la mano con organizaciones como Equifonía AC para erradicar el embarazo infantil en Veracruz. Solo a través de un compromiso real con la protección de los derechos de la infancia se podrá avanzar en la erradicación de esta grave problemática que afecta a las niñas más vulnerables del estado.
Nota publicada en Diario de Xalapa
