La Contraloría General del Estado (CGE) informó que sólo ha investigado la evolución patrimonial de 99 servidores públicos de un total de 13 mil 344, durante el periodo 2018 a febrero de 2021.
En respuesta a la solicitud de información 00366121, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, a cargo de Miguel Ángel Vega García, reportó que durante 2018 se registraron 5 mil 536 declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado; posteriormente, 9 mil 482, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
En 2020, un total de 13 mil 344 funcionarios cumplieron con esta obligación administrativa; no obstante, las revisiones patrimoniales sólo se aplicaron al 0.75 por ciento del total de las declaraciones de modificación presentadas.
Asimismo, el director general de Fiscalización Interna, Miguel Montoya Barradas, indica que – derivado del Informe de Análisis del Sistema de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses (evolución patrimonial) durante 2018, 2019, 2020 y hasta febrero de 2021–se han realizado un total de 99 investigaciones administrativas.
De acuerdo con lo reportado, por parte de los órganos internos de control en 16 entidades del Poder Ejecutivo del Estado, las dependencias que acumulan mayor número de investigaciones patrimoniales son: la Secretaría de Educación (SEV), con 21 servidores públicos sujetos a investigación; la Secretaría de Infraestructura y Obras Pública (SIOP) con 16; la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con 15 casos; la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) con siete investigaciones cada uno.
La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP) acumula 5 investigaciones; las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Gobierno (Segob), Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS) registran 4 servidores públicos sujetos a revisión patrimonial.
La Oficina del Gobernador reporta 3 casos; la Secretaría de Turismo y Cultura (Sectur), el Instituto de Espacios Educativos, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (Caev), reportan dos investigaciones cada uno.
Mientras que la Secretaría de Protección Civil (SPC), la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) y el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (Conalep) acumulan una investigación patrimonial, respectivamente.
Por otra parte, al revisar la información oficial sobre los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado que reportaron un posible conflicto de interés durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, se encontró que ninguno de los secretarios estatales aceptaron hacer pública sus declaraciones de intereses.
Cabe destacar que las declaraciones patrimoniales, además de ser una responsabilidad administrativa establecida por Ley, para todos los servidores públicos, es un mecanismo para la rendición de cuentas y funciona como un indicador para saber si el funcionario o servidor no incurre en actos de corrupción.
Al verificar la suma de ingreso salarial, con sus gastos o propiedades, se puede conocer si el patrimonio crece de manera irregular, con lo que cual habría razones para cuestionar el origen de adquisición de bienes, si el ingreso sigue siendo el mismo.
Durante el año pasado, los servidores públicos que aceptaron hacer pública sus declaraciones patrimoniales, por ejemplo, fueron los choferes, cajeros, enfermeras, docentes, afanadores, albañiles, peritos de tránsito, analistas y auxiliares administrativos, así como delegados, coordinadores, directores y subdirectores estatales; en la lista no figura ningún secretario de despacho.
