Orizaba, Ver.- Integrantes de la asociación Todos somos Positivos, que pertenece a la Coalición Estatal de la Diversidad, activistas y representantes de organismos civiles manifestaron su apoyo a la iniciativa de ley para hacer una reforma integral al Código Civil del estado, pues entre los artículos que se modificarían está el 75, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y se acabe la discriminación hacia este sector de parte de la Iglesia.

En rueda de prensa, Hugo Badillo, presidente de la misma, dijo que legalizar el matrimonio igualitario no busca destruir a la familia y tampoco confunde a los hijos de estos, en caso de tenerlos, “es dar garantías jurídicas a las familias diversas que ya existen en el mundo, el país y el estado”.

Recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el mandato de no discriminación en el artículo primero constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y calificó de discriminatorio vincular los requisitos de matrimonio las preferencias sexuales, ya que no constituyen un aspecto relevante en cuanto a la protección de la familia.

Enfatizó: “nosotros, como asociación civil nos estamos metiendo ni estamos solicitando la autorización religiosa de esta vinculación socio-afectiva. Estamos solicitando la actualización en el Código Civil para que dos personas del mismo sexo puedan ampararse en el sentido de llamarle matrimonio y por tal motivo tener todos los beneficios que conlleva tener este documento oficial”, señaló.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es un fenómeno moderno o imposición, como algunos grupos alegan, ya que ha existido en diversas culturas a lo largo del tiempo, como en Roma o China y en ninguno de esos casos ha estado comprometida la supervivencia de la raza humana y hoy en día el matrimonio igualitario es un contrato social que reivindica y garantiza el derecho de la igualdad para el pleno desarrollo de la pareja en una sociedad libre de estigma y discriminación.

Resaltó que al exigir que se reconozca su unión legal no pretende imponer nada más allá de lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde un enfoque humano y sobre todo legal para un sector de la población, a la que por muchas décadas se le ha violentado o privado de sus derechos, así como su valor como persona.