Xalapa, Ver.- Por un importe de 81 millones 166 mil 346.28 pesos de la Cuenta Pública del ejercicio 2017 del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del estado presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción una denuncia contra quien resulte responsable por la adjudicación indebida de 30 contratos por el mencionado importe.
En la denuncia se establece que se adjudicaron de manera directa 29 contratos de obra pública por un importe de 78 millones 762 mil 500.29 pesos, los cuales se debieron adjudicar mediante invitación a cuando menos tres personas o contratistas, sin justificar las causas de su excepción.
Dicha denuncia fue formulada como consecuencia del Proceso de Investigación que fue instruido a ex servidores públicos del Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz por el ejercicio 2017.
La denuncia establece que también de forma indebida, se realizó la adjudicación de un contrato por un importe de dos millones 403 mil 845.99 pesos en contravención a lo previsto por los artículos 51 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 48 fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y “en virtud de que dos de las empresas que participaron en el proceso de adjudicación, entre ellas la que fue contratada, se encontraban vinculadas entre sí, por existir en común un socio accionista, lo cual se encuentra prohibido por los dispositivos legales citados”.
La denuncia fue presentada el 29 de mayo del año en curso en atención a lo dispuesto por el Decreto Número 784 por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 440, Tomo CXCVIII de fecha 02 de noviembre del año 2018, por el cual se instruyó al Orfis el inicio del Proceso de Investigación, así como a promover las acciones respectivas por las responsabilidades penales que derivasen, en contra de quienes presumiblemente hubieren incurrido en irregularidades o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2017 del citado ente fiscalizable.
