Veracruz, Ver.- Abogados de once agrupaciones y colegios exigen al Congreso del Estado, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) derogar la reforma al Código Penal de Veracruz que incrementó las agravantes del delito de ultrajes a la autoridad.
Los inconformes afirman que dicho delito se incrementó hasta 200 por cierto y en la mayoría de los casos se ejerció en contra de ciudadanos comunes, reportan en rueda de prensa.
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Braulio Terán, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, sostiene que en la mayoría de los casos se trata de un delito que se está fabricando como medio de represión para la ciudadanía y sectores opositores.
De hecho, recuerda que a nivel nacional sólo cuatro estados mantienen activo el delito de ultrajes a la autoridad, incluido Veracruz en donde las penas se incrementaron.
“Que sucede con cualquier problema que haya; hechos de tránsito, de algún policía, es su palabra contra de los ciudadanos y lo que está pesando más es lo que está diciendo el policía, en un acto de represión”, señala.
Al frente de los litigantes, el especialista menciona que el delito de ultrajes a la autoridad ya existía en el Código Penal, pero lejos de atender a la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional como en otros estados, en Veracruz hubo modificaciones en las que aumentaron la pena a las personas que cometieran este delito de seis meses a dos años de prisión, ahora es de cinco a siete años.
“Nos están limitando en todos los aspectos, porque ya se volvió un delito grave, nosotros no estamos en contra de las políticas públicas de seguridad, al contrario estamos para apoyarlos, queremos ayudar y queremos que se le respete a la autoridad, pero no es posible que nos metan un delito de ultraje a la autoridad grave y con muchas lagunas”, dice.
Cabe recordar que la modificación del delito “Ultrajes a la autoridad” ocurrió el 11 de marzo del 2021, desde entonces activistas y profesionales del derecho acusaron que este ilícito fue utilizado para perseguir a opositores.
Además de la solicitud elaborada por las 11 agrupaciones de abogados, existen dos procedimientos promovidos por la CEDH y diputados locales de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la derogación de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado.
