El paro nacional en el Poder Judicial de México, iniciado el 21 de agosto de 2024, ha tenido un impacto profundo en la administración de justicia en Veracruz. A pesar de que muchos ciudadanos no lo perciben de manera directa, la suspensión indefinida de actividades ha afectado gravemente los juicios en curso y el acceso a la justicia en la entidad. Durante este periodo, solo se atienden “casos urgentes”, lo que ha provocado un retraso significativo en el sistema judicial.
Ricardo Morales Carrasco, vicepresidente del Colegio de Abogados y Juristas del Estado de Veracruz, afirmó que el movimiento ha significado un gran sacrificio para los abogados, quienes han visto complicaciones para atender asuntos urgentes que requieren una resolución rápida. “La suspensión de trámites dificulta la reparación del daño en los casos que así lo ameritan”, explicó Morales Carrasco.
Jonathan Rojas, especialista en derecho constitucional, amparo y materia penal, coincidió en que el paro afecta tanto a los juicios de amparo como a otros procedimientos federales, lo que perjudica a ciudadanos que dependen del Poder Judicial de la Federación para resolver sus casos.
El abogado señala que, aunque no se perciba de manera inmediata, el paro tiene un impacto significativo en los juicios ya abiertos. Los Juzgados de Distrito y los tribunales de circuito son quienes resuelven los asuntos que los juzgados locales no pueden atender, señaló Rojas. “Este paro afecta de manera considerable a la ciudadanía, aunque no lo vean de forma directa. Los juicios de amparo y otros asuntos que no pueden ser atendidos por los tribunales locales dependen de los Juzgados de Distrito y los tribunales de circuito para su resolución”, explicó.
El abogado destacó que los Juzgados de Distrito son los encargados de casos urgentes, como violaciones a derechos humanos, negativas de servicios médicos o detenciones arbitrarias, que los juzgados locales no pueden resolver. Sin embargo, muchos otros casos de interés común permanecen detenidos.
También destaca que, al mantenerse el paro indefinido, se ha visto afectado de manera significativa el acceso a la justicia tanto para los ciudadanos que ya están involucrados en un juicio como para aquellos que aún no han iniciado uno, pero que podrían necesitarlo próximamente.
Solo casos urgentes son atendidos
Durante el paro, únicamente se están atendiendo casos considerados urgentes, como deportaciones y situaciones de incomunicación o detenciones arbitrarias. Sin embargo, otros asuntos cotidianos siguen en pausa, lo que agrava el atraso en los procesos judiciales.
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Jonathan Rojas subrayó la importancia de comprender ambas posturas en este conflicto. “Entendemos las preocupaciones del Consejo de la Judicatura Federal en cuanto a la protección futura del acceso a la justicia, pero los ciudadanos y los abogados están atrapados en esta suspensión de los juicios de amparo, lo que afecta su derecho a una pronta resolución de los casos”.
A medida que el paro de labores del Poder Judicial en Veracruz alcanza su día número 49, la incertidumbre crece entre los afectados. Este movimiento, respaldado por trabajadores del sector judicial y estudiantes de derecho, ha generado protestas en varias partes del estado, incluidas manifestaciones en la capital veracruzana.
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó en una sesión extraordinaria celebrada el 3 de octubre extender la suspensión de labores hasta el 11 de octubre, en medio de la protesta contra la reforma judicial que ha paralizado el sistema judicial en gran parte del país.
Si la huelga continúa, el impacto en la administración de justicia podría ser aún más severo, afectando tanto a quienes buscan resolver disputas civiles como a aquellos que enfrentan procesos penales urgentes.
Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa