Córdoba, Ver.- Empresarios de la zona centro del estado confirman diversos actos de presunto abuso de poder por parte del titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) Sergio Rodríguez Cortés, a quien señalan de extralimitarse en los procedimientos de revisión de cumplimiento a normas ambientales.
Iván Ulises Rico Orozco, abogado ambiental y consultor en la materia, destaca que varios de sus clientes le han externado haber sido víctimas de diversos abusos por parte del personal de la dependencia estatal que actúan por indicaciones de Rodríguez Ortiz.
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Incluso, señala qué tal pareciera que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente está más preocupada por recaudar fondos que por procurar el medio ambiente, pues destacó que tan solo en el 2022 de los más de 150 millones de pesos que recaudaron por concepto de multas ambientales, el 60 por ciento, es decir, al rededor de 90 millones, salieron de empresas asentadas en la zona centro.
Esto luego de que en “La Mañanera” el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyera a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) María Albores revisar los señalamientos que integrantes de la Coparmex hicieran contra Rodríguez Ortíz por presuntos actos de corrupción al frente de la PMA.
¿La PMA ha sido excesiva en la aplicación de sanciones a empresas?
Rico Orozco señala que si bien la ley es clara en cuanto a los lineamientos ambientales, también es cierto que la PMA ha sido muy excesiva en la aplicación de sanciones, sin dar tiempo si quiera a los empresarios de subsanar las posibles irregularidades que pudieran tener en materia ambiental dentro de su operatividad aplicándoles multas que van desde los 300 mil y hasta el millón de pesos.
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Y es que detalla que la ley establece ciertos procesos para poder sancionar a aquellas empresas que no cuenten con determinados requisitos en materia ambiental, sin embargo, el personal de la PMA se salta todos estos procesos aplicando de manera directa las sanciones administrativas sin dar siquiera tiempo para subsanar estas irregularidades.
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“La gran mayoría de las empresas, al menos con las que yo estoy trabajando, los cumplimientos son administrativos, es decir, no están generando contaminación como lo pretenden hacer valer, entonces con esa etiqueta de empresa contaminantes es como ellos se basan para poder actuar y ejercer esa presión para imponer sanciones” destaca.
Insiste que está bien que las autoridades hagan valer la ley, pero también deben entender qué hay procesos administrativos que se deben respetar sobre todo cuando el tema debe ser procurar el medio ambiente y no solo recaudar dinero.
