A pesar del rezago en la impartición de justicia que se agravó con la suspensión de labores derivada de la emergencia sanitaria, así como las demandas de abogados para transitar hacia un sistema de justicia digital, el Poder Judicial del Estado de Veracruz no contempla proyectos de inversión para la digitalización de expedientes ni mejoras en la administración y ejercicio de recursos públicos.
De acuerdo con los informes oficiales, dentro de los 19 contratos registrados en el primer semestre de 2020 (12 por servicios y 7 por concepto de adquisiciones), cuyo monto estimado asciende a 69 millones 655 mil 415 pesos, ninguno corresponde a inversiones para el reordenamiento de expedientes a través de un sistema digital.
Mientras que el Segundo Informe Trimestral de la Gestión Financiera, correspondiente al periodo enero-junio 2020, revela un subejercicio de 1,163 millones 250 mil 832 pesos, que representa el 61.2 por ciento aproximadamente del total de su presupuesto de egresos autorizado para 2020, que es de 1902 millones 916 mil 658 pesos.
Asimismo el Fideicomiso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, que se integra por la suma de ingresos por el pago de multas, montos de la reparación del daño, depósitos en efectivo por cualquier causa, valores depositados en los tribunales, entre otros conceptos, tuvo un saldo patrimonial de 263 millones 207 mil 575 pesos; así como una cuenta de 215 millones 986 mil 898 por concepto de deudores diversos por cobrar y en proceso legal.
Cabe mencionar que el adeudo del Poder Judicial del Estado sumó 203 millones 481 mil 451 pesos, que corresponde a préstamos que le ha otorgado el Fondo Auxiliar.
Hasta junio, de acuerdo con los informes financieros, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, a cargo de la magistrada Sofía Martínez Huerta, tampoco ha contemplado gastos de inversión para la modernización del Poder Judicial, luego de los proyectos de construcción de las ciudades judiciales que tuvo un monto registrado de 1,467 millones 854 mil 808 pesos, bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), como parte del “Plan de Desarrollo de la Impartición de Justicia 2016-2019”.
Los contratos
Aunque el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) emitió observaciones y recomendaciones a los expedientes de procesos de contratación de inversión pública y servicios en el Poder Judicial, durante el ejercicio fiscal 2018, al parecer, persisten irregularidades administrativas.
Según el informe de la Subdirección de Recursos Materiales sobre contratos registrados en 2019 –publicado en la plataforma Infomex Veracruz, con folio 00201520– el Poder Judicial realizó 261 contratos con cargo a los capítulos 2000 y 3000 (Materiales y Suministros, y Servicios Generales), con un monto aproximado de 321 millones 443 mil 803 pesos.
Sin embargo, 47 contratos que sumaron un monto total de 46 millones 389 mil 153 pesos, se asignaron a empresas que no se encuentran inscritas en el Registro Público de Comercio.
Dentro de las diez empresas sin registro se encuentran Barracuda Networks S.A de C.V y la Comercializadora Zilegi SA de CV, las cuales estuvieron incluidas en las observaciones de la Cuenta Pública 2018, realizada por el Orfis, por los número de contrato PS/PJE/TSJ/SRM/002/2018 y PS/PJE/TSJ/SRM/003/2018, en la que se detectó que las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Federales fueron emitidas por el Servicio de Administración Tributaria después de haber celebrado dicho contrato.
Ante ello, el Orfis señaló el presunto incumplimiento de servidores públicos responsables en el Poder Judicial, por lo que recomendó implementar medidas de control para que las opiniones fiscales se obtuvieran antes de la celebración de los contratos con proveedores o prestadores de servicios.
Posteriormente, durante el ejercicio fiscal 2019, la empresa Barracuda Networks SA de CV obtuvo 11 contratos por un monto total de 12 millones 645 mil 393 pesos, principalmente por servicios de seguridad y estrategia digital, alimentación de sección de noticias y contenido del portal del Poder Judicial.
La Comercializadora Zilegi SA de CV recibió un contrato de 3 millones 027 mil 064 pesos, por el desarrollo del contenido editorial de los boletines de prensa del Poder Judicial, así como el diseño y edición de videos animados, infografías y gráficos.
No contempla proyectos de inversión para la digitalización de expedientes ni mejoras en la administración y ejercicio de recursos públicos
Durante la consulta en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía tampoco existen datos relacionados con Servicios y Suministros Maxtres SA de CV (que ganó 7 contratos por 10 millones 048 mil 871 pesos); R & G.E Consultores, SA de CV, que recibió 2 millones 806 mil 455 pesos, por cuatro contratos; Diseño y Construcción SA de CV, beneficiaria de siete contratos por la cantidad de 5 millones 348 mil 412 pesos.
También Grupo Inmobiliaria Santos-Caballero SA de CV, que recibió cinco contratos por 3 millones 646 mil 962 pesos; Profit Reports SA de CV, con 3 millones 258 mil 403 pesos por la asignación de cuatro contratos; Zevemexa SA de CV., con tres contratos que sumaron 4 millones 913 mil 853 pesos, así como Creativos Inédito SA de CV y Faudon SA de CV, que sumaron 693 mil 204 pesos.
Los gastos
Aunque abogados veracruzanos han realizado diversas protestas para denunciar el problema de parálisis judicial y demandan la aplicación de recursos para modernizar el sistema mediante la digitalización de expedientes, a la fecha sólo se registran los trabajos de “digitalización, reordenamiento y sistema avanzado de consulta del Archivo General del Poder Judicial del Estado” realizados el año pasado, para lo cual se destinaron 21 millones 489 mil pesos.
A este gasto, se sumó la digitalización de los expedientes unitarios de procesos de licitaciones por adquisición de bienes y/o servicios, obras y servicios profesionales del Poder Judicial durante los periodos 2017 y 2018, que tuvo un costo de 464 mil pesos.
La relación de contratos 2019, realizados por el Poder Judicial del Estado, reporta que las campañas de difusión en redes sociales, mantenimiento del sitio web, campañas de difusión del juzgado digital, promoción de la revista jurídica y estrategias digitales y contenido sumaron una inversión de 25 millones 441 mil 152 pesos, cifra que rebasa incluso los recursos destinados al sistema del Archivo General.
Otro de los gastos registrados el año pasado, fue el pago de 3 millones 492 mil 064 pesos, a la proveedora Graciela García García, por tres contratos para brindar el taller “Desarrollo de Habilidades Individuales para convertirse en un miembro más eficaz del equipo”, dirigido al personal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz y Consejo de la Judicatura.
La justicia digital
Según los indicadores de resultados durante el primer trimestre de 2020, el Consejo de la Judicatura había registrado 16 mil 189 expedientes y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) reportó un total de mil 622 tocas iniciados.
Mientras que en el periodo enero-diciembre 2019, el Consejo de la Judicatura registró 236 mil 907 expedientes y el TSJ, con 10 mil 407.
De acuerdo con la información correspondiente a la solicitud de transparencia 00159520, hasta enero de este año, en el Poder Judicial del Estado no existía ningún expediente o asunto digitalizado, “ni en todo ni en parte”.
Al respecto, cabe recordar, que no sólo en Veracruz, sino en todo el país, colectivos y abogados han impulsado la transición hacia sistemas digitales para mejorar y transparentar los procesos de impartición de justicia.
Dentro de los avances recientes se encuentra el Decreto por el que se reforma la Fracción II del Artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de agosto, que establece que los poderes judiciales del país deberán poner a disposición del público las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas.
A partir de ello, los poderes judiciales tendrán un plazo de 180 días para iniciar la publicación de todas las sentencias; mientras que el Congreso de la Unión y congresos estatales cuentan también con dicho plazo para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.
