Xalapa, Ver.- El abogado León Vladimir Hernández Ostos presentó una solicitud de juicio político en contra del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, así como la mayoría de los legisladores de la LXV Legislatura.

Tras entregar la petición en la presidencia del Congreso local, aseguró que la petición en contra del Gobernador y el Secretario de Gobierno se relaciona con la falta de entrega de ministraciones federales a los Ayuntamientos, así como las declaraciones que han emitido asegurando que el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, realizó acuerdos con “delincuentes”.

“La fracción primera del artículo 13 de la Ley de Juicio Político del Estado, en donde se ataca el correcto despacho de los entes públicos, en esta caso por las declaraciones que han estado haciendo tanto el Gobernador como el Secretario de Gobierno en torno a la permanencia o no permanencia del Fiscal General del Estado” dijo.

Señaló que el primer motivo son las declaraciones que el Gobernador y el Secretario de Gobierno han hecho en contra del Fiscal, a quien públicamente han acusado de hacer tratos con “delincuentes” para dejarlos en libertad, refiriéndose así a los duartistas que salieron del penal Pacho Viejo para seguir su proceso en libertad.

Quien fuera apoderado legal y abogado electoral del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que para justificar su petición de juicio político presentó notas informativas en donde se da cuenta de las declaraciones que han hecho el titular del Ejecutivo y el Secretario de Gobierno, las cuales aseguró son pruebas que por jurisprudencia se permiten en una solicitud de juicio político.

En tanto acusó que el secretario de Gobierno indicó no darles el 50% de ministraciones federales a los ayuntamientos y las cuales se deben otorgar en virtud de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “lo acepta expresamente y como sabemos las sentencias de la Suprema Corte no están sujetas a negociación, ése es un ilícito todavía más grave que las propias declaraciones de que el fiscal se debe ir, que ‘me canso ganso’, además de todas las acciones que han hecho en su contra”.

En tanto, la petición de juicio político en contra de los legisladores, con la excepción de la bancada del PAN, se refiere la votación que hicieron para reformar la Constitución Política local y con ello permitir que el Congreso local pueda asignar y remover al fiscal con la votación de las dos terceras partes.

“Fracción 44 del artículo 33 la atribución de remover al fiscal mandando a la ley la supuesta configuración de las causales graves y si uno se impone del contenido de la Ley Orgánica de la Fiscalía no existen tales supuestos legales, hay una falta en el sistema legal que ellos tienen como legisladores” expuso.

En su opinión, la facultad que los legisladores pretenden generar al querer remover al fiscal es una duplicidad porque Winckler Ortiz ya está siendo investigado por las dos solicitudes de juicio político que existe en su contra.

El abogado mencionó que con esta solicitud se pondrá a prueba a las autoridades estatales y los integrantes del Congreso local, donde hay mayoría de Morena, con el fin de demostrar si hay o no parcialidad.

El denunciante fungió como apoderado legal y abogado del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el periodo diciembre 2015 a junio 2016. Participó como aspirante a consejero del OPLE y selección de magistrados electorales en el 2015.