El abogado Tomás Mundo Arriasa, integrante del llamado Movimiento por la Justicia, explica que a partir de que sea publicada la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, pasaría un mes, para que las 2 mil 400 personas detenidas en Veracruz por ese delito queden en libertad.
En entrevista detalla que después de ello, vendrá otra estrategia porque el Artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y las Reglas de Mallorca, señalan la obligatoriedad del Estado de reparar el daño a todas aquellas personas que han sido arbitrariamente detenidas, lo que será el siguiente paso.
“Todas las probabilidades (de que salgan) por cuanto a ese delito, hay un precepto en el artículo 14 constitucional que señala que es una latinajo que se llama Nullum crimen, nulla poena sine lege; es decir, no hay delito ni pena sin ley, entonces, al no haber un delito, esa gente obtiene su libertad, hay que hacer un proceso, pero ya es su libertad”.
Recuerda que son 90 expedientes con los que cuentan de inicio, de personas que fueron detenidas por ese delito, “pero se han estado sumando y han estado hablando cualquier cantidad de personas que tienen casos de abusos también, ahorita estamos en la etapa de integración, no estamos cerrados, se están integrando más de ultrajes a la autoridad, que esperemos lleguen a las 2 mil 400 personas”.
Explica que están en la etapa de distribución del trabajo, por lo que se instalará una mesa de trabajo en cada uno de los distritos judiciales y se van a designar abogados defensores en cada uno de estos.
“Se va a establecer un correo electrónico al público para recibir más información todavía y después nos vamos a reunir en Xalapa nosotros para establecer una estrategia, cuál sería la estrategia de litigación que se llevaría en cada uno de los expedientes; el lunes nos reunimos para saber cuántos abogados son, pero va a ser todo el estado, porque hay abogados de Orizaba que ya me contactaron, Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, nos están contactando para efectos de sumarse a esta cruzada”.
Además, refiere que dentro de las líneas de estrategia de litigación que propondrá es la incorporación de dos peritos de la Ciudad de México, Olga Galicia y Omar Alemán, expertos en psicología del testimonio, Protocolo de Estambul y en neurociencia, así como abogados de la Ciudad de México como Eduardo Martínez Bastida que se sumará a la defensa de estos expedientes.
Sobre los dichos del gobernador Cuiltláhuac García Jiménez sobre los 40 jefes de plaza detenidos por ese delito y que los abogados, con la derogación, tendrían “grandes dividendos”, remarca que lo que ellos aplican únicamente es el “bloque de constitucionalidad”.
“Este bloque de constitucionalidad lo integran tres elementos, que en un Estado de Derecho son infranqueables, son respetables al 100 por las autoridades y son presunción de inocencia, debido proceso y defensa técnica adecuada; es decir, a todos esos derechos constitucionales internacionales, no se les puede ni negar, ni ocultar, ni borrar ni mucho menos, entonces nosotros eso es lo que vamos a hacer, hacer valer ante la autoridad, no caer en lo que diga él de a quién se defiende y que va a ser un negociazo, no va a ser un negociazo”.
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Y es que remarca que lo menos que se merecen las familias a las que arbitrariamente se les ha detenido es que se les repare el año, además de que es uno de los principios de los derechos humanos, justicia, verdad, reparación del daño y no repetición, “no estamos haciendo nada más allá de lo que las leyes nacionales e internacionales mandatan”.
Como se recordará hace unas semanas se creó el Movimiento por la Justicia justo después de la desintegración de una comisión especial en el Senado de la República que indagaba abusos de autoridad del gobierno de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, tras la detención de Juan Manuel “N”, exfuncionario de la Cámara Alta.
El movimiento agrupa a la clase política de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, abogados, académicos y activistas, entre otros.