Córdoba, Ver.- La barra de abogados 30 Caballeros Córdoba señala que la medida que plantea el estado de que a partir de enero del 2023 retendrá aquellas unidades particulares que no estén regularizadas con sus placas, es anticonstitucional pues de acuerdo a la Constitución Política, nadie puede ser despojado de sus bienes sin un debido proceso.
“Nosotros tenemos que trabajar en conjunto porque esa medida es inconstitucional porque estarían causando un daño al patrimonio de cualquier persona, cuando lo que se debe hacer es apoyar a esa gente que se encuentra en rezago y que de alguna y otra manera haya la apertura por parte de las autoridades para que haya un apoyo”, comenta la presidenta de esta barra colegiada, Irma Cansino Romero.
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Al respecto el licenciado Claudio Meneses Martínez, señala que el artículo 14 constitucional establece que ningún ciudadano podrá ser privado de sus posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, lo que implicaría que se habrán miles de procesos hacia los ciudadanos.
Señalan que si bien es cierto que el gobierno ha advertido en varias ocasiones sobre las medidas a aplicar en contra de quienes no estén regularizados en su emplacamiento vehicular, también es cierto que se deben dar las facilidades que permitan a los automovilistas poder cumplir con los lineamientos necesarios para cubrir esa disposición.
Y es que señalan que si los automovilistas no han renovado sus placas de circulación muchas veces es resultado de la falta de solvencia económica pues después de la pandemia por Covid 19 muchos ciudadanos quedaron muy desgastados y en otras ocasiones regularizar su unidad sale más caro que el mismo vehículo.
“Dicen que la intención es reiterar las unidades que no tengan las placas nuevas, pero si lo hacen estarían violentando la Constitución y estarían cometiendo un delito y los ciudadanos podrían apegarse a un amparo para evitar la aplicación de estas medidas” comenta el litigante cordobés.
Por lo que enfatizan que esta medida tiene más pinta de ser recaudatoria que regulatoria, pues se habla de que para poder recuperar la unidad tendrían que ponerse al corriente con los pagos pendientes de la unidad, pero además deberán cubrir los costos de arrastre y corralón, lo que incrementaría la deuda del propietario de la unidad.
Esto sin contar que no se cuenta con los espacios necesarios para el resguardo de las unidades que sean retenidas por no contar con las placas nuevas o con un adeudo de derechos vehiculares, verificación vehicular entre otros más, “por eso nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que trabajemos coordinados y busquemos el beneficio del ciudadano para que pueda regularizarse”.
