/ miércoles 4 de marzo de 2020

Se aprueba revocación de mandato contra alcalde de Actopan

El pleno del Congreso local aprobó la revocación de mandato en contra del alcalde y la síndica de Actopan

Xalapa, Ver.- El pleno del Congreso local aprobó la revocación de mandato en contra del alcalde y la síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Jazmín Palmeros Barradas.

Con 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones los legisladores determinaron que había pruebas suficientes para que los ediles fueran revocados de sus cargos.

En enero pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó la revocación de mandato en contra de los ediles, a quienes se les acusa de presuntamente cometer irregularidades en la administración municipal.

Tras el proceso y conforme a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado a partir de la votación la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que fue la que hizo ambas solicitudes, estará representada por la Comisión Instructora del Congreso local, misma que se convertirá en la parte acusadora.

Ante ello, deberán presentarse las pruebas de la presunta responsabilidad de los servidores públicos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde serán resueltos.

En la Sala Constitucional ambas partes, la Comisión Instructora y los servidores públicos deberán presentar las pruebas que a su criterio consideren oportunas para demostrar la culpabilidad o inocencia de ambos.

Una vez que los magistrados de la Sala Constitucional decidan la procedencia del juicio político, ésta deberá ser votada en el pleno del Poder Judicial, donde se necesitan las dos terceras partes para su aprobación.

En caso de que la misma se apruebe, los servidores públicos podrán ser removidos de su cargo e incluso inhabilitados de la función pública hasta por un plazo de diez años.

Xalapa, Ver.- El pleno del Congreso local aprobó la revocación de mandato en contra del alcalde y la síndica de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y Jazmín Palmeros Barradas.

Con 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones los legisladores determinaron que había pruebas suficientes para que los ediles fueran revocados de sus cargos.

En enero pasado la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó la revocación de mandato en contra de los ediles, a quienes se les acusa de presuntamente cometer irregularidades en la administración municipal.

Tras el proceso y conforme a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado a partir de la votación la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que fue la que hizo ambas solicitudes, estará representada por la Comisión Instructora del Congreso local, misma que se convertirá en la parte acusadora.

Ante ello, deberán presentarse las pruebas de la presunta responsabilidad de los servidores públicos ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde serán resueltos.

En la Sala Constitucional ambas partes, la Comisión Instructora y los servidores públicos deberán presentar las pruebas que a su criterio consideren oportunas para demostrar la culpabilidad o inocencia de ambos.

Una vez que los magistrados de la Sala Constitucional decidan la procedencia del juicio político, ésta deberá ser votada en el pleno del Poder Judicial, donde se necesitan las dos terceras partes para su aprobación.

En caso de que la misma se apruebe, los servidores públicos podrán ser removidos de su cargo e incluso inhabilitados de la función pública hasta por un plazo de diez años.

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