Integrantes del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz dijeron que luego de la reforma del Código Penal del Estado, en materia de ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, se podría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues incluso ya existe un precedente al respecto en Ciudad de México.
El abogado Ricardo Morales Carrasco, dijo que si la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos e incluso los partidos políticos consideran que la reforma va en contra de los valores y directrices que señala la Constitución Federal se puede promover una acción de inconstitucionalidad.
"Sí entiendo el valor de los policías, en mi familia hay policías, pero la cuestión es que darles una protección yo creo que aquí se extralimitó el Congreso".
Explicó que ya hay un precedente al respecto de un caso en Ciudad de México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que se considerara un delito un insulto hacia un elemento de la policía por parte de una ciudadana.
"Desafortunadamente el Congreso del Estado de Veracruz ha tenido experiencias bastante tristes, pues todos los asuntos que han llegado a la SCJN los ha perdido. Todos han sido declarados inconstitucionales ya sea porque se extralimitaron o porque eran incompetenciales o le faltó la consulta previa", dijo.
Por su parte, el abogado Francisco Javier Diz Reyes dijo que la reforma fue exagerada y un tanto, "legalizar el abuso del poder”. Con esto, expuso, se podría abrir la puerta a la violación de derechos humanos y abuso de poder por parte de los cuerpos policíacos.
Agregó que un policía puede proceder en contra de cualquier persona si a su consideración, se conduce hacia ellos de una manera inadecuada, pudiendo incluso fincarles responsabilidades penales.
"Viola flagrantemente los derechos humanos de las personas y digo esto porque cualquier policía con el solo hecho de que se le vea feo o se le diga una palabra que considere él que no es apropiada puede detener a cualquier persona", dijo.
Agregó que, con ello, se le puede fincar responsabilidad por un delito incluso con una penalidad que vaya más allá de la gravedad que amerita.
“Porque les están dando las armas para poder violentar los derechos humanos de los ciudadanos, consideramos que haber llevado esta reforma en los términos que se hizo va en contra de todos, y no solo de los delincuentes, va en contra de todo ciudadano, ya vimos los casos la semana pasada del exsecretario de Gobierno y de otra persona que se estaba manifestando (Eduardo Cazares) y en ese momento, llegan, lo jalonean y se lo llevan y con eso le fincan el delito de ultrajes a la autoridad que aumentó la pena y lo hacen casi un delito grave y como tal no pueden obtener su libertad”, añadió.
