Hoy se cumple un año de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta 25 por ciento a las impotraciones de productos mexicanos, que obligaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar un acuerdo migratorio con la Casa Blanca. El pacto sólo ha convertido al país, según ha dicho la ONU, en una de las regiones más peligrosas para los migrantes que intentan llegar de manera ilegal a la Unión Americana.
Para Javier Urbano, el acuerdo migratorio, anunciado el 6 de junio de 2019, no ha hecho otra cosa que criminalizar la migración, a través de medidas restrictivas como la militarización de las fronteras con el envío de 25 mil integrantes de la Guardia Nacional, que vulneran la seguridad e integridad de los migrantes.
“Aunque México no lo acepte, este acuerdo sólo ha hecho el trabajo sucio a la administración de Donald Trump, deteniendo en el sur el flujo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El país se ha convertido en el muro mexicano del presidente estadounidense, que además, como lo advirtió, ha sido pagado por el gobierno de este lado”, afirmó Urbano, especialista en temas migratorios de la Universidad Iberoamericana.
El experto recordó en entrevista con El Sol de México, que fue el pacto migratorio el que modificó la política de “brazos abiertos” que López Obrador ofreció al inicio de su gobierno a los “hermanos centroamericanos”, para convertirla en un instrumento más para entablar relaciones con el vecino del norte, que condiciona los intercambios políticos, económicos y hasta sociales, al endurecimiento mexicano de controles migratorios.
“Desde hace un año, la migración que pasa por México de manera irregular está expuesta a un mayor grado de vulnerabilidad, ya que se les violan sistemáticamente sus derechos humanos con el uso de la fuerza, por ejemplo, contra las caravanas de centroamericanos que intentan ingresar al país. Al transitar por México, estas personas sufren las consecuencias de la clandestinidad en sus trayectos; las instituciones los persiguen y no siempre se les respeta el debido proceso. Son víctimas del crimen organizado y la población los criminaliza y discrimina”, aseguró.
No así los resultados del acuerdo para Estados Unidos, que ha visto reducido el número de migrantes que llegan a su frontera sur. De acuerdo con cifras de la Secretaria de Relaciones Exterior (SRE), desde la puesta en marcha del acuerdo, el número de indocumentados detenidos por la Patrulla Fronteriza ha disminuido 74.5 por ciento, mientras que en México, los centroamericanos presentados ante autoridades migratorias (INM) han bajado 60 por ciento, lo que ha mantenido contento al gobierno de Trump, aunque ha colocado a México en el centro de la crítica de organizaciones internacionales, como la ONU, que le han exigido cesar el uso de la fuerza contra los migrantes.
“Este acuerdo lo único que ha logrado es oficializar una política de deportación inmediata tanto en la frontera norte como sur, donde los migrantes son devueltos en horas a sus lugares de origen o tienen que esperar meses una audiencia en cortes de Estados Unidos para aplicar al asilo, lo que ha provocado, también, una crisis social en la línea divisoria”, afirmó por su parte el padre Pat Murphy, director de la Casa del Migrante de Tijuana.
Explicó que la realidad se ve en las calles de las ciudades fronterizas, donde los migrantes deambulan pidiendo limosna o trabajando como limpiaparabrisas.
El gobierno mexicano ha justificado el giro de su política migratoria, tras el acuerdo con Washington, a hacer cumplir las leyes y reducir el riesgo a que corren las personas que desean migrar cuando lo hacen de manera irregular.
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