Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y MC), anunció que interpondrá amparos para impugnar los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a fin de frenar su construcción y evitar que se comprometa el presupuesto federal.
La estrategia judicial estará encabezada por la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, quien tiene familiares que son jueces y conoce a la perfección la ley de amparo.
“Todo el sexenio nuestro va a ser para estar pagando deudas, es como un Fobaproa. Yo no voy a aceptar eso, no soy títere de nadie ¿Para que no haya incertidumbre, voy a convertirme en cómplice de corrupción? No, no, prefiero que haya incertidumbre, no quiero que haya corrupción, no voy a ser cómplice de corrupción”, aseveró el tabasqueño.
Apenas hace una semana, López Obrador anunció que también revisará los contratos derivados de la reforma energética, que según datos de la Presidencia comprometen inversiones hasta por 200 mil millones de dólares para los próximos años.
López Obrador advirtió que las empresas participantes pretenden alargar los convenios comerciales y concluir el NAICM hasta el 2025 para “amarrarnos las manos” para que el siguiente sexenio termine pagando una deuda pública semejante a la del Fobaproa.
“Se va a presentar hasta un amparo para que se detenga ya la entrega de contratos, porque están entregando contratos para comprometer al gobierno próximo, amarrarnos las manos, que no tengamos recursos para hacer nada y que estemos nada más pagando por las pillerías que se están contratando actualmente”, dijo tras reunirse con el Consejo de Comunicación.
Ante ello, dijo que prefiere cancelar el nuevo aeropuerto a ceder a las presiones de quienes pretenden celebrar contratos leoninos, “manchados de corrupción”, pues no está dispuesto a convertirse en un cómplice más.
El ingeniero Javier Jiménez Spriu y la exministra Olga Sánchez Cordero ya están analizando cada uno de los contratos para presentar un amparo ante el Poder Judicial de la Federación o la Secretaría de la Función Pública, si es que se trata de una falta administrativa.
También respondió al presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, que no está dispuesto a ceder a ningún chantaje, y menos cuando la construcción del NAICM, amenaza la seguridad del AICM y de la base aérea de Santa Lucía.
