Tras reconocer que hay vulnerabilidad en juzgadores y juzgadoras, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar señaló que el homicidio del juez Uriel Villegas fue un crimen de Estado y confirmó que el juzgador renunció a las medidas de protección que tenía además de que no hay registro de amenazas en su contra.
En conferencia virtual con integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados puntualizó que no hay austeridad en lo que respecta a la seguridad de impartidores de justicia pues es prioritario que estén a salvo para dictar sentencias con independencia.
“No hay ningún juez o jueza que habiendo requerido seguridad no s ele haya brindado o se le haya retirado, hubo otros casos en los que propusimos que los jueces tuvieran seguridad aunque ellos no lo hubieran pedido.
“Ante cualquier escenario se quiere lucrar con la tragedia y he visto mucha mezquindad de algunas personas que han afirmado sin ninguna prueba que se le retiró la seguridad por un tema de austeridad”, señaló.
Detalló que “en el caso del juez Uriel Villegas fue precisamente un caso en que él optó por renunciar a la seguridad que le venía dando el Consejo de la Judicatura, al darnos cuenta de los asuntos tan delicados que llevaba, el pleno le hizo llegar un oficio en el cual le pedía reconsiderar su decisión.
“El juez consideró que no la requería y ratificó que no necesitaba seguridad, él nos había comentado en una situación posterior que se sentía más a gusto, que llamaba menos la atención, que estimaba que en Colima no corría ningún riesgo, que él estaba muy tranquilo”.
Tras calificar a Villegas Ortiz como un juez honesto y serio, Zaldívar detalló que hasta el momento la política del CJF había sido respetar la decisión de vida privada de cada juzgador pero que a raíz de lo sucedido se tendrá que hacer una reflexión sobre este tema.
“En el tema de seguridad de juzgadores federales no ha habido austeridad, si ustedes revisan la propuesta de presupuesto del PJF para este año, se pidió una partida especial para seguridad de juzgadores y juzgadoras federales, esto ha sido una prioridad en mi administración, precisamente porque estaba consciente de que esto podía pasar, lamentablemente sucedió y debemos replantear nuestro protocolos”, dijo.
Zaldívar señaló además que desde el Conejo de la Judicatura Federal (CJF) en conjunto con las autoridades gubernamentales, se van a revisar los protocolos de seguridad de los juzgadores federales.
“Que no haya duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado. Aquí no caben las diferencias, no caben las políticas, no cabe ninguna otra distracción y estaremos muy atentos de como se desenvuelven las investigaciones”, puntualizó.
El también presidente del CJF reconoció el actuar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de su gabinete de seguridad así como del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero tras darse a conocer el homicidio.
“Del mismo modo expreso mi reconocimiento al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, que desde un principio se tomó muy enserio este tema, él acudió con su equipo para hacerse cargo de esta responsabilidad, él conoce la gravedad de un caso como estos y me ha ofrecido todo el apoyo, toda la seriedad para que se sepa la verdad y se sancione a los responsables", indicó.
Este miércoles El Sol de México informó que durante 2019 el CJF recibió 303 peticiones de jueces y magistrados de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Guerrero y el Estado de México para que se les asignara alguna medida de seguridad como escoltas, vehículos blindados, ropa antibalas o cambios de adscripción.
De esas solicitudes presentadas por las y los impartidores de justicia, y que fueron revisadas por la cúpula del Poder Judicial de la Federación, 199 fueron autorizadas. Por motivos de seguridad, el CJF no aportó mayores detalles sobre dichas peticiones y sus alcances.
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