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Las fiscalías del país son las principales instituciones acusadas de cometer tortura contra la ciudadanía. Al mismo tiempo, son estos organismos los encargados de investigar estos actos criminales.
De acuerdo con la presentación de hallazgos del 2023 del Observatorio Contra la Tortura, integrado por organizaciones de la sociedad civil, casi la mitad (el 44.4 por ciento) de las investigaciones iniciadas por tortura señalan como principales perpetradores a personal de las fiscalías del país, que tienen como principal función la investigación de delitos.
“En casi la mitad de las torturas investigadas, la autoridad acusada de torturar es la encargada de investigar, es decir la Fiscalía. Podemos decir que, en casi la mitad de los casos, son las fiscalías las que se investigan a ellas mismas.
"Esto nos lleva a una segunda razón para no denunciar: la desconfianza en que se abra una investigación imparcial, pronta y expedita”, señaló Ángel Salvador Ferrer, de la organización Documenta.
En la presentación, en la que participaron las organizaciones Centro ProDH, Fundar y Documenta, se detalló que por el delito federal de tortura, según datos recopilados por el Observatorio, se abrieron cuatro mil 592 investigaciones por este delito en 2023; lo que representa “casi nueve veces la cifra de secuestros”.
“Con la diferencia de que los delitos de tortura siempre son cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos. Esta cifra nos muestra un delito en el que siempre hay algún tipo de participación de las autoridades, y esto nos genera una cifra negra (delitos no denunciados) no cuantificable”, agregó Salvador Ferrer.
De las casi cinco mil investigaciones iniciadas por fiscalías por delitos de tortura, indica el Observatorio, únicamente se judicializaron (se llevó el caso ante un juez) 18 casos; es decir, menos del uno por ciento (0,39 por ciento).
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Resalta que, a pesar de ser la principal autoridad señalada como responsable de cometer tortura, ninguno de los casos judicializados corresponde a alguna denuncia abierta contra personal de fiscalías.
“Hay un mayor estancamiento en las investigaciones (...) Los casos no avanzan y se quedan en las fiscalías, las cuales, generalmente, mantienen los casos abiertos durante largos periodos de tiempo. O deciden no presentar el caso ante un juez, o archivan la investigación”, detalló el especialista de Documenta.
“Un 0.39 por ciento estadísticamente puede llamarse un resultado atípico, pero en términos de estados de derecho, a eso se le llama impunidad”, sentenció Ferrer.
El caso de Keren Ordóñez es uno de los que ejemplifican la crisis de tortura e impunidad que, según el reporte, existe en el país.
Ordóñez es una joven que apenas esta semana recibió una sentencia de 50 años por parte de un juez en Tlaxcala; a pesar que existe pruebas documentales de que fue víctima de tortura durante el procedimiento penal en su contra.
Éste y demás casos, señalaron los especialistas presentes, son una muestra de que en México la tortura es una conducta vigente, por lo que llamaron al estado, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación a adoptar una política pública que es exigida desde 2017 en el país por organismos internacionales de derechos humanos.
En la presentación estuvieron presentes Jesús Peña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; Natalia Cordero, de Fundar; Zuri Olmos y Ángel Salvador Ferrer, de Documenta; y Denisse Montiel, de CEPAD.
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