Este jueves, el ministro Luis María Aguilar Morales retiró de la votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el proyecto que plantea la posibilidad de eliminar la prisión preventiva oficiosa, luego de escuchar los argumentos manifestados por sus colegas el pasado lunes y martes.
Al presentar su réplica, el ministro Aguilar Morales adelantó que el retiro del proyecto es para reelaborarlo tomando en cuenta las consideraciones realizadas durante las dos sesiones previas de la Suprema Corte, de tal manera que no se trata de una decisión definitiva y el asunto será discutido en un futuro.
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“Una vez revisado detenidamente las versiones taquigráficas de estas sesiones, he encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario entre los integrantes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en aras de construir una decisión que proteja los derechos de todas las personas retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, así como matizar los disensos que nos separan a fin de proponerles una nueva metodología que nos permita expulsar los efectos dañinos de la prisión preventiva automática”, indicó.
Como lo hizo en su exposición del lunes, Aguilar Morales defendió el contenido de su proyecto al señalar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que daña principalmente a jóvenes sin estudios completos y de escasos recursos, ya que es un recurso que se ha utilizado de manera punitiva bajo el argumento de combatir la delincuencia.
Hasta hoy no se conocía cómo se iba a desarrollar la votación, pero siete ministros se posicionaron previamente en contra del proyecto, es decir, por mantener la medida cautelar. Sin embargo, de ellos, tres –Jorge Mario Pardo, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez Potisek– reconocieron abiertamente lo perjudicial de ella, aunque argumentaron que la SCJN no tiene facultad para eliminarla, lo que sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
Sobre este argumento, el ministro replicó que su proyecto propone realizar un ejercicio interpretativo de la Constitución y definir los límites de sus artículos, resguardando siempre los derechos humanos conforme lo establece el Artículo 1 de la Constitución mexicana, pues de no hacerlo se entraría en una paradoja en la que se decide ponderar el Artículo 19 sobre el primero.
A favor del proyecto, además del ponente, se habían pronunciado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, quienes consideraron que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos; en específico del derecho a la presunción de inocencia y a la libertad.
Aguilar Morales destacó que además de ellos, la mayoría de los ministros considera que la prisión preventiva de oficio es violatoria de las garantías individuales por lo que considera pertinente retrabajar su documento, máxime porque el punitivismo no tiene el atributo de solucionar el contexto de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
“¿Qué mensaje enviaríamos a la sociedad si desde este alto tribunal se afirma que aquello que justifica el uso de la prisión preventiva oficiosa es que no se trata de presuntos inocentes, sino de presuntos delincuentes? En vinculación con esto, sobre el delicado escenario de seguridad pública por el que atraviesa el país, con todo respeto, no coincido que tal contexto deba emplearse como una pauta de decisión que justifique el uso desproporcionado de la prisión preventiva (oficiosa)”, sostuvo.
El proyecto una vez retirado pasa a ser reelaborado por la ponencia a cargo del ministro Aguilar, quien lo volverá presentar a sus compañeros una vez considere que tiene todos los elementos para presentarlo así hacerlo, por lo que de momento se desconoce hasta cuándo se volverá a discutir la eliminación de la medida cautelar.
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