La Administración de Drogas y Narcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) comenzó a rastrear una serie de comunicaciones y a interrogar testigos de quienes obtuvo pistas diversas. La agencia fijó una línea de tiempo que iba de diciembre del 2015 a junio del 2017. En agosto de 2019, un gran jurado en la Corte de Brooklyn acusó al general Salvador Cienfuegos Zepeda de tráfico de drogas y lavado de dinero, tras investigar sus acciones durante este lapso.
Las evidencias obtenidas fueron con base en la intercepción de mensaje de texto vía Blackberry, sobornos y filtración de información de operativos contra el cártel de los Beltrán Leyva, una organización que encabezó hasta 2017 Juan Francisco Patrón Sánchez.
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SU RED
El miércoles 1 de junio de 2016 hubo una ceremonia de cambio de comandante de región militar en las instalaciones castrenses de La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, donde el entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador, Cienfuegos Zepeda, fue testigo de honor.
Ese día, el general de división Eduardo Emilio Zárate Landero asumió el mando de la región que abarca las comandancias militares de Jalisco, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit. Relevaba en el puesto al también divisionario Miguel Gustavo González Cruz, quien pasaba a retiro después de que en 2015 encabezara la fallida “Operación Jalisco”, cuyo objetivo era detener a los líderes del autodenominado Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido por el alias de El Mencho.
Al fracaso del operativo antecedió el arribo del general Zárate Lándero, muy cercano al general Cienfuegos, a su nueva encomienda en Guadalajara. Venía de encabezar la tercera región militar con cuartel en Mazatlán y jurisdicción en los estados de Sinaloa y Durango, donde había estado los últimos dos años.
La presencia del general Cienfuegos era una señal de respaldo absoluto a la tarea que iba a emprender Zárate Landero, quien llegaba con un amplio bagaje de información de inteligencia sobre cómo se movían las redes y grupos de tráfico de drogas en Sinaloa y Durango.
En ese entonces Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido por el alias de El H-2, encabezaba una facción importante con base en Tepic, Nayarit, del grupo de los Beltrán Leyva, organización criminal liderada por Fausto Isidro Meza, alias El Chapo Isidro.
Patrón Sánchez era un objetivo de primordial importancia para la DEA, su red en los Estados Unidos había crecido desde 2015 a lugares como Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York.
En febrero del 2017 una operación lanzada con apoyo de las agencias estadounidenses vía aérea por la Marina al caer la noche en Tepic, Nayarit, acabó con la vida de Patrón Sánchez.
Desde entonces las investigaciones de su red de protección oficial llevaron a la captura del exfiscal nayarita Edgar Veytia y abrir un expediente al entonces gobernador Roberto Sandoval Castañeda, a quienes se acusó de dar protección a éste y otros grupos de traficantes de drogas.
En marzo en 2017 fue detenido en un puente fronterizo en San Isidro, California, el exfiscal Veytia, quien tenía orden de detención girada por un juez de la corte del Distrito Este de Nueva York, donde se le acusaba de protección al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El exfiscal general de Nayarit se declaró culpable en enero de 2019 de los cargos de distribución internacional de drogas en la Corte federal de Brooklyn, la misma en la que se realizó el juicio contra El Chapo Guzmán.
En el juicio contra Veytia se demostró que éste brindó protección a la organización de Patrón Sánchez entre 2013 y 2017, por lo que enfrentaba una condena de cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos; sin embargo, al declararse culpable se le abrió la posibilidad de obtener un trato para reducir su condena.
Es por eso que Alan Feuer, periodista de The New York Times, desde su cuenta de Twitter abrió la posibilidad de que Edgar Veytia fuera uno de los testigos que la Fiscalía de Estados Unidos tiene en contra de Cienfuegos.
LOS MENSAJES DEL GENERAL
Tras el caso del exfiscal Veytia, la DEA comenzó a rastrear una serie de comunicaciones y a interrogar testigos de quienes obtuvo pistas diversas.
Fijó una línea de tiempo que iba de diciembre del 2015 a junio del 2017.
En agosto del 2019, un gran jurado en la Corte de Brooklyn acusó al general Salvador Cienfuegos Zepeda de tráfico de sus acciones durante este lapso. Las evidencias obtenidas fueron con base en intercepciones de mensajes de texto vía Blackberry, sobornos y filtración de información de operativos contra la organización que encabezó hasta 2017 Patrón Sánchez.
La Corte resumió lo que llamó “complicidades” del general Cienfuegos aprovechando su posición de secretario de la Defensa Nacional en cinco apartados: garantizar que no habría operativos militares contra El H-2; lanzar operaciones militares contra organizaciones enemigas; localizar rutas de transporte marítimo para embarcaciones de droga; operar para la expansión de territorios de control de El H-2 hacia Sinaloa iniciando por Mazatlán.
También se le atribuye el contacto de los líderes de la organización de El H-2 con otros oficiales del Ejército para asistir en labores de protección y alertar de operaciones estadounidenses contra la organización.
Las acusaciones se refieren al tiempo que va del 2015 al 2017, cuando los generales González Cruz y Zárate Landero estuvieron al frente de la comandancia de quinta región militar en Jalisco. Bajo su mando tuvieron, el primero, al general de brigada Miguel Andrade Cisneros, quien estuvo de comandante de la 13 zona militar en Tepic de enero del 2015 a abril del 2016. Su relevo en la zona fue el también general de brigada Leopoldo Quezada Ávalos, quien estuvo a partir del 2016 bajo el mando del general Zárate Landero.
Estos generales ya en retiro junto al que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional durante este lapso, el divisionario también retirado Roble Arturo Granados Gallardo, son algunos de los nombres que fuentes militares señalan que están en la mira de la DEA tras la captura de Cienfuegos.
El exsecretario de Defensa se presentó en una audiencia en Los Ángeles, pero será el martes que se defina su futuro.
LA OPERACIÓN PADRINO
La "Operación Padrino", como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado.
El que fuese secretario de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue acusado este viernes de narcotráfico y lavado de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California.
Los crímenes, según la acusación, se habrían cometido hace tres años, de 2015 a 2017, cuando Cienfuegos estaba al frente de la Sedena.
La audiencia de presentación de Cienfuegos ante la Justicia estadounidense arrancó a las 15.00 hora local y duró cinco minutos.
En ese corto tiempo, el exsecretario confirmó que había leído y entendido los cuatro cargos que enfrenta, relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.
Cienfuegos permanecerá interno en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles por lo menos hasta la próxima audiencia, que se celebrará el martes a las 13.00 hora local. Los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y lavado de capitales, según un documento de la Fiscalía Federal del distrito Este de Nueva York.
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