Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con los cambios se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La reforma garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
También fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia. Además, les permite conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes.
La senadora de Morena Edith López Hernández reconoció que el camino no ha sido fácil, “han sido décadas de lucha para ser escuchados frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas, generados por malos gobiernos y administraciones del pasado”.
“Con la reforma, hoy tiene que aprobarse, y se garantiza de manera integral nuestros derechos a nuestros pueblos. Se salda una deuda histórica, ya que se reconoce su capacidad de toma de decisiones en pleno respeto a nuestras culturas e identidades. Durante mucho tiempo nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños, promesas, olvido, hasta solo ser un objeto de museo estático, o ser relleno, o ser nada más parte de un escenario y hasta represión”, enfatizó.
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Por su parte, el legislador del PAN Ricardo Anaya llamó a no solo conformar con la implementación, sino establecer acciones afirmativas y recordó que la escolaridad, el promedio de la población en general en México son 10 años de escolaridad, mientras que en la población indígena solamente seis.
El analfabetismo en la población general es de cinco por ciento, pero entre población indígena es veinte por ciento, cuatro veces más. En pobreza extrema, la que más duele, población general siete por ciento, entre la población indígena, veintiséis por ciento. Ricardo Anaya.
“La movilidad social, particularmente, en el sur del país, siete de cada 10 personas que nacen en pobreza mueren en pobreza. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa realidad, nos tenemos que hacer cargo no solo de la implementación, sino del establecimiento de acciones afirmativas”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, señaló que el propósito primigenio de esta reforma es hacer justicia. “Es reconocer la importancia cultural de todas nuestras comunidades indígenas y hacer notar que hay una deuda histórica, de visibilización y de respeto a las comunidades indígenas y afromexicanas. Así como señalar que al ser un grupo vulnerado necesitan también tener un trato diferenciado para tener pleno acceso al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Con esto buscamos poner un piso parejo en un escenario históricamente disparejo en México”.
Por su parte, Néstor Camarillo Medina del PRI, expresó que al reformar el artículo 2o de la Constitución se reafirma el derecho a la libre determinación a decidir su futuro, a vivir de acuerdo con sus sistemas normativos.
Ellos son quienes conocen mejor sus territorios, sus costumbres y su identidad. Su voz debe ser escuchada en la toma de decisiones que les impacten y a partir de ahora eso quedará garantizado.Néstor Camarillo.
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El dictamen se turnó a la Mesa Directiva para que sea discutido por el Pleno en la sesión de este martes.
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