Para evitar la acumulación de denuncias y rezago judicial en tiempos de pandemia, el senador Ricardo Monreal Ávila impulsa la expedición de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
La emergencia de salud acumuló la resolución de asuntos, sobre todo, en materia civil, familiar y mercantil, lo que dejo a cientos de personas en vilo.
Con este ordenamiento se busca brindar a las personas una opción para acercarse a la justicia, sin necesidad de acudir a tribunales jurisdiccionales y sin imponer las cargas propias de un proceso judicial que, en muchas ocasiones, implica un desgaste tanto procesal como económico.
El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena explicó que en México los mecanismos alternativos de solución de controversias fueron elevados a rango constitucional, mediante la modificación al artículo 17 de la Constitución, a fin de garantizar la posibilidad de impartir justicia alternativa imparcial, gratuita y expedita, más allá del modelo tradicional.
Dicha reforma constitucional también facultó al Congreso para expedir la ley secundaria correspondiente.
En cumplimiento de ese mandato es que se propone la expedición de dicha Ley General, a fin de regular las bases y principios del Sistema de Justicia Alternativa, que tendrá a su cargo la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Se menciona que debido a los múltiples cambios que la pandemia de Covid-19 ha introducido a la cotidianidad, diversas actividades se han visto mermadas ante el riesgo de contagio y letalidad que representa este virus.
Se explica que desde marzo, el Poder Judicial Federal y el de las entidades federativas, así como los organismos autónomos que ejercen actividad jurisdiccional, se vieron obligados a suspender temporalmente sus actividades, aunque han ido reanudando sus funciones de manera paulatina, a través de medios digitales o en línea.
En este sentido, Monreal mencionó que esas condiciones afectaron el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, que tradicionalmente se lleva a cabo a través de los tribunales.
El proyecto de Ley se conforma por cinco títulos y 70 artículos. Tienen como ejes fundamentales definir las bases, principios, procedimientos y reglas mínimas de operación de los mecanismos alternativos de solución de controversias y regular la actividad de las personas facilitadoras de estos procesos.
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