/ martes 26 de junio de 2018

Condena la SIP amenazas a la libertad de prensa y el periodismo en Nicaragua

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, pide al gobierno de Daniel Ortega que "cese la represión" de la población, así como las agresiones contra los periodistas

Miami, EU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy las "graves amenazas contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo que se registran a diario en Nicaragua", en medio de la "brutal represión" de las protestas contra el Gobierno.

El presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, director del diario La República de Lima, pidió al gobierno de Daniel Ortega que "cese la represión" de la población, así como "el acoso, el amedrentamiento y las agresiones contra los periodistas".

"La labor de los periodistas en las calles es cada vez más difícil", señala Mohme en un comunicado en el que la asociación con sede en Miami se hace eco de las denuncias del diario La Prensa, el canal 100% Noticias y Radio Corporación sobre "ataques y atentados contra sus reporteros y corresponsales en todo el país".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota de la Ciudad de México, subrayó que "el régimen de Ortega" debe garantizar la integridad física de los que tienen el "deber de informar".

Para esos periodistas "va nuestra solidaridad y apoyo incondicional", subrayó Rock.

Entre otros casos, la SIP menciona que el domingo 24 de junio Mynor García, corresponsal de La Prensa en Jinotepe, al oeste de la capital Managua, fue asediado en su residencia por partidarios del presidente Ortega que le lanzaron piedras y lo amenazaron con machetes, hasta que recibió protección de algunos vecinos.

El 18 de junio, el periodista Eduardo Montenegro, dueño de radio y propietario de dos canales de televisión en Matagalpa, al norte del país, presentó una denuncia ante la SIP en su sede en Miami.

Montenegro dijo que las amenazas contra él y otros miembros de su familia se intensificaron durante el mes de mayo. "Recibimos numerosas llamadas en las que amenazaban de muerte y con quemar las instalaciones del canal y la radio Notimat, si continuábamos la cobertura de las protestas", aseguró el periodista.

El 19 de junio, grupos armados asaltaron en Managua a dos equipos periodísticos mientras cubrían el bloqueo de la carretera que conduce a la ciudad de Masaya.

De acuerdo al diario La Prensa, las amenazas y persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas se han convertido en una "cacería de brujas" de parte del el gobierno.

Detalló que las periodistas Adelayda Sánchez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gabriela Castro e Ileana Lacayo abandonaron sus residencias debido a amenazas recibidas.

A fines de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares de protección a favor de Migueliuth Sandoval Cruz, viuda del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril en Bluefields, en la costa atlántica nicaragüense.

Poco después de ese asesinato, el periodista estadounidense Tim Rogers, del canal digital estadounidense Fusion, anunció su decisión de abandonar Nicaragua en medio de amenazas de personas afines al gobierno que lo acusaban de pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas formada por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental.


Miami, EU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy las "graves amenazas contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo que se registran a diario en Nicaragua", en medio de la "brutal represión" de las protestas contra el Gobierno.

El presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme, director del diario La República de Lima, pidió al gobierno de Daniel Ortega que "cese la represión" de la población, así como "el acoso, el amedrentamiento y las agresiones contra los periodistas".

"La labor de los periodistas en las calles es cada vez más difícil", señala Mohme en un comunicado en el que la asociación con sede en Miami se hace eco de las denuncias del diario La Prensa, el canal 100% Noticias y Radio Corporación sobre "ataques y atentados contra sus reporteros y corresponsales en todo el país".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, director de La Silla Rota de la Ciudad de México, subrayó que "el régimen de Ortega" debe garantizar la integridad física de los que tienen el "deber de informar".

Para esos periodistas "va nuestra solidaridad y apoyo incondicional", subrayó Rock.

Entre otros casos, la SIP menciona que el domingo 24 de junio Mynor García, corresponsal de La Prensa en Jinotepe, al oeste de la capital Managua, fue asediado en su residencia por partidarios del presidente Ortega que le lanzaron piedras y lo amenazaron con machetes, hasta que recibió protección de algunos vecinos.

El 18 de junio, el periodista Eduardo Montenegro, dueño de radio y propietario de dos canales de televisión en Matagalpa, al norte del país, presentó una denuncia ante la SIP en su sede en Miami.

Montenegro dijo que las amenazas contra él y otros miembros de su familia se intensificaron durante el mes de mayo. "Recibimos numerosas llamadas en las que amenazaban de muerte y con quemar las instalaciones del canal y la radio Notimat, si continuábamos la cobertura de las protestas", aseguró el periodista.

El 19 de junio, grupos armados asaltaron en Managua a dos equipos periodísticos mientras cubrían el bloqueo de la carretera que conduce a la ciudad de Masaya.

De acuerdo al diario La Prensa, las amenazas y persecución contra defensores de derechos humanos y periodistas se han convertido en una "cacería de brujas" de parte del el gobierno.

Detalló que las periodistas Adelayda Sánchez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gabriela Castro e Ileana Lacayo abandonaron sus residencias debido a amenazas recibidas.

A fines de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) extendió medidas cautelares de protección a favor de Migueliuth Sandoval Cruz, viuda del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril en Bluefields, en la costa atlántica nicaragüense.

Poco después de ese asesinato, el periodista estadounidense Tim Rogers, del canal digital estadounidense Fusion, anunció su decisión de abandonar Nicaragua en medio de amenazas de personas afines al gobierno que lo acusaban de pertenecer a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas formada por más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental.


Local

Tras 30 años de estar en el olvido edificio del Cine Olimpia será rehabilitado

El inmueble cuenta con denominación de Edificio con Valor Artístico por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Local

Todo listo para el Gran Sorteo Canaco 2024 en Córdoba

En su trigésima quinta edición, ya se logró la colocación del total de los boletos expedidos

Cultura

Orquesta Clásica de Orizaba festejará a Santa Cecilia en parroquia San José de Gracia

La misa tiene también como intención pedir por el eterno descanso de quienes fueron parte de la OCO y se adelantaron en el camino

Local

Veracruz segundo lugar nacional con mayor número de personas sancionadas por violencia política

Veracruz ocupa el segundo lugar nacional con el mayor número de personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género

Local

Más de 50 mil ventas; industria automotriz en Veracruz de las más rentables de México

Al corte de octubre del 2024 destacan que en el estado se vendieron alrededor de 50 mil 120 unidades, cuando en el 2023 apenas llevaban 42 mil 381 unidades

Local

En Córdoba, comprar o usar pirotécnica en festejos decembrinos traerá sanciones

El Coordinador de la Policía Municipal, Juan Hernández Rivera advirtió sobre la aplicación de sanciones para quienes vendan o compren artículos hechos a base de pólvora