París, Francia.- Dentro de 33 días Europa puede conocer uno de los mayores cataclismos políticos de su historia moderna: el referéndum sobre la independencia de Cataluña -que el gobierno central considera “ilegal”-desataría una carrera contra reloj que en cuestión de semanas podría concretar la ruptura y la separación del nuevo estado con respecto a España.
Un escenario de esa naturaleza representaría la mayor tragedia para España desde el restablecimiento de la democracia hasta la muerte de Franco, hace 42 años, su primera pérdida territorial desde el abandono en 1975 de las posesiones en el Sahara y la primera escisión de un país dentro de Europa desde el desgajamiento de la ex Yugoslavia, en 2002-2003.
Concluida la tregua por el atentadoyihadistade Barcelona, los partidos independentistas que promueven la realización del referéndum de autodeterminación para el uno de octubre presentaron al Parlamento catalán la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República que regirá el proceso de separación entre Cataluña y España.
Esa iniciativa imprimió un giro determinante al proceso de consulta popular, promovido por los partidos rupturistas Juntspel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP). Ambos movimientos llegaron a un acuerdo para aprobar ese documento de 89 artículos antes la consulta soberanista. Los dos partidos cuentan con el apoyo de una coalición formada por el Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PdeCAT) y la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
En esas condiciones, la consulta parece prácticamente irreversible. La ley de convocatoria del referéndum debe ser aprobada, en principio, el 6 de septiembre, pero se desconocen por el momento los detalles técnicos de la consulta del uno de octubre: la impresión de las papeletas que llevarán la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”, las listas de electores incriptos, los siete mil “agentes electorales” necesarios y el calendario de la campaña. Todos esos aspectos -primordiales en una elección- son responsabilidad del INE (Instituto Nacional Electoral). Solo se sabe que el gobierno catalán compró más de seis mil urnas.
La Ley de Transitoriedad aspira a situarse por encima de la Constitución española con acuerdo de la Unión Europea (UE), que está lejos de haber sido obtenido y dispone que, si triunfa la opción independentista, Cataluña “se constituirá en una República de Derecho”, el presidente de la Generalitat se convertirá automáticamente en jefe de estado, el nuevo estado podrá “asumir” la propiedad de cualquier bien español ubicado en Cataluña -sin explicar si trata de expropiación-,crear su propio Tribunal Supremo, dejar de pagar la deuda si no obtiene una renegociación e incluso controlar su espacio aéreo, marítimo y terrestre.
Aunque la Ley de Transitoriedad no lo precisa, “el Ejército español deberá abandonar Cataluña (…) al ser considerado una institución más del estado español”, según el diputado independentista Jordi Orobitg.
Los autores del proyecto no saben aún cómo se articularán esos aspectos esenciales de soberanía, así como el control fronterizo. “Se irán resolvieron sobre la marcha”, se limitó a comentar Orobitg.
A pesar de la frivolidad con que se aborda esa cuestión esencial, se trata de un tema particularmente delicado, pues en la práctica colocará a los militares ante la necesidad de abandonar la defensa de territorio español. Ese procedimiento es susceptible de degenerar en graves incidentes.
La Ley de Transitoriedad también determina la creación de una suerte de nacionalidad catalana obligatoria para todas las personas que posean la nacionalidad española y hayan sido empadronadas en un municipio catalán antes del 31 de diciembre de 2016. Por lo demás, “no exige”, pero sí permite, renunciar a la nacionalidad española.
RESULTADOS CONFUSOS
La realización de la consulta aparece demasiado incierta y los resultados se presentan aun más confusos. Solo 41.5% de los catalanes son partidarios de ir a las urnas, 48.6% se opone a un Estado independiente y 56.5% opina que el Tribunal Constitucional frenará los planes de la Generalitat, según un estudio de NC Report.
