Xalapa, Ver.- El Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal con residencia en Xalapa, dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz, Javier N, por su presunta participación en la desaparición forzada del expolicía David Lara Cruz.
La información dada a conocer señala que el Juez fue el encargado de dar a conocer el motivo de la orden de aprehensión al titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro.
Ante ello, Brieba de Castro pidió conocer: Si existe persona o personas que tengan derecho a la reparación del daño derivado de la desaparición forzada de Lara Cruz, así como sus nombres y el domicilio en el que puedan ser localizados a fin de emplazarlos a juicio.
De la misma forma, solicitó la dirección de David García Galván, Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de Xalapa o de la autoridad ministerial que haya intervenido en la audiencia donde se emitió la orden de aprehensión contra el acusado.
El expolicia pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública y desapareció el 12 de enero de 2016, luego de que elementos de la corporación a la que pertenecía presuntamente fueran quienes lo privaron de su libertad.
Estos hechos se registraron a su salida de las instalaciones de evaluación y control de confianza de mencionada dependencia.
El cuerpo del expolicía apareció el 19 de enero del mismo año en la Barranca de La Aurora, donde también se localizaron los restos de otras 18 personas.
El pasado 20 de julio Javier N solicitó un amparo en contra de cualquier orden de comparecencia, presentación, localización o aprehensión en su contra.
En dicha petición no especificó el motivo del mismo; sin embargo, la solicitud fue concedida por el Juez Juan Mateo Briba de Castro, por lo que debería pagar una garantía de 90 mil pesos para conservar el amparo.
Se debe recordar que el político, además, cuenta con una orden de aprehensión por supuesta desaparición forzada en Veracruz, delito que derivó en la solicitud de extradición al Gobierno de Guatemala.