Un grupo de hombres armados llegó y se plantó frente a las madres buscadoras de desaparecidos que excavaban en un desolado paraje en la región ostionera de Puerto Peñasco, Sonora. Uno de ellos que aparentaba ir al mando, preguntó de manera agresiva:
— ¿Quién es Paty?
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Todas se voltearon a ver entre sí aterrorizadas. De pronto Cecilia Flores, cuyo segundo nombre es Patricia, los encaró dejando entrever una entereza que ya había mostrado en otros momentos.
— Yo soy Paty.
— Tírense al suelo todas –ordenó a gritos uno de los pistoleros.
— No me voy a tirar, porque si me vas a matar prefiero que sea de pie, yo no me moriré arrodillada; yo no te debo nada a ti ni a nadie. Nosotras lo único que hacemos es buscar a nuestros hijos.
Aquella mañana del 21 de octubre de 2019 el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, del cual Cecilia Flores es fundadora, llevaba tres días junto con una organización de Arizona rastreando la zona conocida como Ostionera 2, ubicada a unos ocho kilómetros al sur de Puerto Peñasco.
Habían comenzado a excavar el 18 de octubre y después de tres días de labor extenuante, ya habían descubierto unos 42 cuerpos, algunos todavía con materia orgánica en descomposición y otros en los huesos.
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Aquel grupo armado formaba parte de una organización criminal que opera en esa zona de Sonora. Ese día intentaron disuadir con amenazas a ese puñado de mujeres solitarias para que dejaran de buscar, porque debajo de la dura superficie del desierto convertido en fosa clandestina había víctimas cuya memoria se les revelaba a sus familias.
El colectivo liderado por Cecilia Flores descubrió 54 cadáveres a los que tuvieron que hacerles espacio en las camionetas del forense, donde la mayoría aguardaba ser identificado.
A dos años y medio de aquel momento, Cecilia reflexiona: “Sí tengo miedo, vivo con el miedo de que me maten a un lado, porque yo a lo único que me debo es a mis hijos, y si voy a morir por buscarlos, entonces me despediré con amor”.
DOS VECES INTIMIDADA
Cecilia es una de las más de tres mil personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, un ente público que ha sido cuestionado con severidad por las mismas organizaciones que luchan por salvar a activistas y periodistas que están bajo amenaza.
Cecilia va y viene a Ciudad de México siempre con un anillo de seguridad. En su rutina una regla no escrita es que no puede estar mucho tiempo en un solo lado, porque parecería que sobre ella pesa una condena de muerte. En los últimos 19 días ha estado al norte de Sinaloa en la comunidad de Juan José Ríos, en la búsqueda de su hijo Alejandro Islas Flores, desaparecido el 15 de octubre de 2015 cuando iba camino a Los Mochis.
Va para siete años en que Cecilia se ha entregado a la imperiosa tarea de encontrarlo, y en este largo caminar ha perdido todo. Su casa que tuvo que vender en Hermosillo, a su pareja que no le aguantó el ritmo de vida y hasta sus hijas dejaron a sus esposos para irse con ella en pos de la búsqueda de Alejandro y otros desaparecidos.
“He visto cómo poco a poco mi familia se desmorona, pero aquí sigo, ya estoy cerca de mi hijo”, comenta.
Cecilia dice que no sólo enfrenta esta situación familiar, sino a la incapacidad de las autoridades de hacer su trabajo. La nula empatía del gobierno y por si fuera poco, el acoso constante de parte de quienes les molesta que ella sea la voz de los que piden regresar a casa.
“Estoy amenazada en Sonora y ahora en Sinaloa, desde lo de Puerto Peñasco ya no puedo volver pa’ allá, pero igual no voy a dejar de buscar a mi hijo, ellos (delincuentes) me mandan recados y yo les mando mi fortaleza, porque no me pienso ir sin encontrar a mi hijo, ahora que ya lo siento cerca”, indica.
Mientras se encuentra en Juan José Ríos —siempre con escoltas y personal de la Guardia Nacional custodiando al grupo de madres— no dejan de pasar individuos a bordo de motocicletas cerca de donde pernoctan.
“Es un acoso constante, es la forma en que mandan recados”, explica.
En el predio conocido como Laguna de Oxidación, ubicado al final de la calle 100, en las afueras de Juan José Ríos, han encontrado tres osamentas en los últimos días. Dos de ellas estaban expuestas, señal de que nadie entra a la zona por temor, detalla.
Mientras relata sus vivencias Cecilia recuerda que su hijo fue detenido frente a una gasolinera, y siete años después cuenta con datos para encontrarlo. Tiene la plena seguridad que está en una fosa en una de estas decenas de hectáreas de monte.
“Yo les dije a las autoridades quién fue lo de mi hijo Alejandro, les puse todo en bandeja de plata para detener a la persona, pero ni siquiera que se la lleven a la cárcel, simplemente para que la investigaran y dijera dónde estaba mi hijo. Hasta el momento ha sido nulo el apoyo de parte de las autoridades”.
En todos estos años el colectivo que encabeza ha participado del hallazgo de cientos de cuerpos. Su hija Mily también formó un grupo de jóvenes buscadoras para potencializar la red de personas defensoras de derechos humanos, blindarse y tomar forma para protegerse entre ellas. La unión es lo que las hace más fuertes, asegura.
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SER DEFENSOR: OFICIO DE MUERTE
Hasta marzo pasado en México, de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un total de 97 activistas pro derechos humanos, ambientalistas y defensores del territorio habían sido asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El último crimen registrado fue el de José Trinidad Baldenegro, integrante del colectivo Fuerza Ambiental de la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ocurrido el 11 de marzo.
Baldenegro era conocido por defender de la tala de árboles esa región, y por su lucha a favor de los derechos de los indígenas rarámuris. Cinco años atrás, su hermano Isidro también había sido asesinado por supuestos taladores con nexos en el gobierno y el crimen organizado.
El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas mantiene a cerca de tres mil personas y colectivos bajo monitoreo por estar bajo amenazas. La mayoría se trata de personas convertidas en buscadoras de desaparecidos, quienes enfrentan el dilema de permanecer bajo vigilancia de custodios o acudir a las zonas para continuar con la búsqueda de restos humanos.
El director del Mecanismo de Protección, Enrique Irazoque, reconoció en un informe de febrero pasado, que dos de los defensores acogidos al programa de protección fueron asesinados, pero además dio el escalofriante dato que 90 por ciento de los crímenes permanecen en la impunidad.
Al igual que el riesgo que se corre con el ejercicio periodístico, México es uno de los países más peligrosos del continente para ser activista, incluidos los que defienden el medio ambiente y el territorio.
Irazoque señaló que los estados en donde más agresiones se han presentado contra defensores son Chiapas, Estado de México, Michoacán y Chihuahua.
A este escenario se suma la desidia del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que no garantiza la vida de quien, a falta de Estado y gobernanza, se han lanzado a campos y desiertos en busca de sus seres queridos desaparecidos.
RÉQUIEM POR SANDRA LUZ HERNÁNDEZ
Sandra Luz Hernández siempre llevaba una fotografía de su hijo Édgar en la bolsa, cada que platicaba con una persona desconocida en la calle se la mostraba y le preguntaba si lo habían visto.
No se cansaba de preguntar, de buscar, de importunar a quien tuviera que importunar con tal de obtener respuestas. Aquella tarde del 12 de mayo de 2014, por eso abordó un camión urbano en el centro de la ciudad, y se dirigió a la colonia Benito Juárez, antes Mazatlán.
Alguien le había avisado que se encontraría con una persona que le proporcionaría datos del paradero de su hijo Édgar, desaparecido por manos criminales en febrero de 2012, afuera de su casa en la colonia El Progreso.
Sandra Luz se bajó del camión y caminó por la avenida Constitución. Como era su costumbre, preguntó. Avanzó intentando dar con una dirección falsa que le habían dado para que cayera en la trampa. Y así fue.
Al llegar al vado de la calle 30 de septiembre, un pistolero con el rostro cubierto le descerrajó 15 tiros en el cuerpo y la cabeza. Sandra Luz terminó sin vida en el pavimento, con su bolso y la fotografía de Édgar muy junto a ella.
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CRIMEN IMPUNE
Sandra Luz fue una de las primeras madres buscadoras en Sinaloa. Dejó a su familia y su vida anterior de ama de casa para dedicarse de tiempo completo a buscar a su hijo Édgar, quien 10 años después sigue desaparecido.
Por este crimen la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado capturó en aquellos días de mayo del 2014 a Jesús Fernando Valenzuela, quien en un principio se declaró culpable y hasta narró ante el juez la historia que motivó el asesinato de Sandra Luz.
Su versión fue que la mató porque Sandra acusaba a un sujeto de apellido Valenzuela, del ejido Paredones, de estar involucrado en el caso de su hijo Édgar.
Días después de confesar, Jesús Fernando fue dejado en libertad en medio de un escándalo entre el procurador Marco Antonio Higuera Gómez y el Poder Judicial. El imputado nunca más fue molestado por ninguna autoridad.
A ocho años del homicidio de Sandra Luz, el caso se mantiene impune, y uno más de esa larga lista de activistas mexicanos asesinados por exigir justicia y denunciar la ausencia de Estado.
Sandra Luz pertenecía al colectivo de Voces Unidas por la Paz, quienes resintieron el peso de este asesinato que exhibió cómo se da la revictimización de las familias que buscan de manera incansable a sus seres queridos.
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