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Las empresas tienen hasta octubre del año en curso como plazo para poder aplicar la Ley, pues de lo contrario podrían ser acreedoras a una sanción económica
También exhortan a los trabajadores que no reciban en tiempo y forma esta prestación laboral, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para ser asesorados, y en su caso poner la denuncia correspondiente
